Gaudy Gamboa Corrales tiene 34 años de edad. Mira el mundo con una extraña calma, al menos así lo hace esta mañana de diciembre.
Parece no saber que su mundo podría cambiar el jueves, si los administradores del local donde recibe educación especial cumplen con cerrar la sede a la que asiste desde que tenía solo cuatro años.
Una sede que se reduce a dos aulas, pero que le da la oportunidad a los adultos discapacitados de Guadalupe de Goicoechea de recibir atención profesional, subvencionada por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
La misma suerte de Gaudy correría Ricardo Rodas Lobo, de 27 años, quien hoy toca una pandereta que no podrá ver nunca por su ceguera. Ambos viven en un mundo de limitaciones, al igual que sus 33 compañeros de clase.
Un pleito entre la junta administradora del Centro de Atención para Personas con Parálisis Cerebral de Guadalupe (CAI) y el Centro de Atención Integral para Personas Adultas con Discapacidad (Caipad) tiene a estas personas al borde de quedarse sin un lugar para recibir atención.
Ironía. Luis Carlos González habla con preocupación sobre el futuro de estas personas. Él es el presidente de la Fundación de Atención al Adulto con Discapacidad Múltiple (Funadis), entidad que da vida al Caipad.
La primera ironía radica en que González fue uno de los fundadores del CAI, en la década de los 80, cuando buscó apoyo para su hijo Francisco, que hoy tiene 42 años de edad y es alumno del Caipad.
La otra ironía es que el cierre del Caipad por falta de sede dejaría a los alumnos del CAI sin un lugar donde continuar con su atención pues el CAI no puede recibir a personas mayores de 21 años. Quienes superan esta edad, tienen como destino el Caipad.
González advierte que los choques con la directora del CAI, Alejandra Williams, influyen en la decisión de sacarlos del terreno donde opera el Caipad.
Para evitar el cierre, elevaron su queja al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y presentaron un recurso de amparo ante la Sala IV.
Ambas gestiones están en sus trámites iniciales; sin embargo, la voluntad expresa del CAI, emitida en un borrador de contrato que se ofreció al Caipad, es que el uso de las dos aulas finalice el 12 de diciembre de este año.
La Nación intentó conocer el criterio de Williams, pero no atendió. En su lugar, el secretario del CAI, Michael Jiménez Mora, dijo que en la institución no se referirían al tema pues adujo que hay dos procesos en estrados judiciales relacionados con el caso.
El presidente de la junta administradora del CAI, Horacio Lobo Montero, esgrimió la misma razón que Jiménez para no referirse al tema, y advirtió que dio “la orden” a los demás miembros de la junta para que no dieran declaraciones.
Por ahora, nada hace pensar a los padres de familia del Caipad que las cosas van a cambiar, y eso los angustia, confiesa Sandra Corrales, la mamá de Gaudy.
Nada cambia, a pesar de que la Defensoría de los Habitantes y el propio ministro de Educación, Leonardo Garnier, exigieron una solución al problema que no vulnere los derechos de alumnos.
En junio, Garnier recomendó al CAI “gestar el instrumento jurídico necesario para que el Caipad Funadis pueda utilizar las instalaciones”.
Idania Arteaga Monge, asesora jurídica del MEP, recalcó que la posición del Ministerio se encamina a proteger el derecho de los estudiantes del Caipad, pero reconoció que de momento no hay arreglo.