Cancelar la relación laboral entre 23 agentes de ventas y el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) le costaría al Estado ¢900 millones, confirmó su presidenta ejecutiva Sonia Montero.
El monto por pagar a cada agente dependerá de los ingresos reportados a lo largo de sus años de servicio. No obstante, en algunos casos las prestaciones podrían ascender a ¢39 millones.
Los agentes, dedicados a la venta de contratos del Sistema de Ahorro y Préstamo para vivienda (SAP), ganan entre ¢2,5 y ¢37 millones al mes, según el Instituto.
Entre salarios y cargas sociales, la entidad desembolsa, en promedio, ¢227 millones por mes.
Por esta razón, la Junta Directiva del INVU apura el paso para cambiar el modelo de agentes y dejar el servicio en manos de empresas comercializadoras.
La variación en el sistema le ahorraría al INVU más de ¢800 millones al año solo en la cancelación de cargas sociales.
El Gobierno anterior promovió la licitación 2014CD-000015-01 para sustituir los 23 agentes por 40 comercializadoras, pero la nueva Junta Directiva del INVU declaró el proceso desierto por falta de oferentes y por la reestructuración que vive la entidad.
Solo seis compañías mostraron interés en vender planes de ahorro y crédito del SAP.
La jerarca del INVU, Sonia Montero, asegura que están interesados en el cambio, pero que quieren estudiar bien el tema para no caer en ilegalidades.
“Tenemos varios aspectos que se están analizando, sobre todo desde el punto de vista jurídico y técnico para no dejar vacíos cuando se pase de un modelo a otro.
La jerarca subrayó que el sistema de agentes actual no puede continuar.
“La Junta Directiva es consciente de que no podemos continuar con lo que históricamente ha constituido un error por el pago de las cargas sociales a figuras que tienen la característica de ser agentes vendedores y no subalternos ”.
Montero agregó que los agentes estarían de acuerdo con la liquidación, pero piden que se les reconozca la totalidad de años laborados en el SAP y no solo un tope de ocho años de trabajo.
Las negociaciones se dan en medio de recientes cuestionamientos de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el SAP.
La CGR denunció que créditos del SAP se desviaron a empresas, muchas de ellas ligadas a familiares de los agentes de ventas.
La Junta Directiva del INVU suspendió el jueves anterior la venta de planes a empresas hasta que la Procuraduría General de la República diga si es legal o no vender créditos de vivienda a personas jurídicas. También solicitaron al Ministerio Público investigar las denuncias del ente contralor.
Disposición. José Schlager, presidente de la Asociación de Agentes Vendedores del INVU, dijo que están dispuestos a sentarse a negociar el finiquito de la relación laboral con el Instituto.
“Antes de que la institución haga la liquidación de forma impositiva, preferimos hacerlo negociado para que la transición no sea traumática ni para la institución ni para los agentes”, expresó Schlager.
“Sobre el tope de los ocho años, desconozco por qué doña Sonia lo menciona porque aún no hemos hablado sobre ese punto”, agregó el representante.
No obstante, Jilma Joseph, otra agente de ventas del INVU, admitió que sí se ha hablado de ese punto.
“Estamos de acuerdo, siempre y cuando el INVU nos liquide con todos los años de servicio. No queremos un tope de ocho años porque somo empleados de la institución como cualquier otro”, comentó Joseph.
Hace cuatro años, la lista de agentes autorizados era de 32, la cual se ha disminuido por las jubilaciones de varios de ellos.