En países en desarrollo, que la economía crezca y el país cuente con mejores recursos no necesariamente equivalen a mayor transparencia y apertura por parte del Gobierno.
Así lo precisa un reporte sobre el nivel de apertura de los gobiernos en el mundo, creado por la organización World Justice Project (WJP), que también elaboró un ranquin de naciones según su nivel de apertura.
Sin sorpresa alguna, un país nórdico lidera el escalafón: Suecia, seguido por Nueva Zelanda (en Oceanía).
Luego aparecen Noruega (puesto 3), Dinamarca (4), Holanda (5) y Finlandia (6).
Costa Rica aparece en el puesto 19 de 102 posibles, apenas superada por Chile en el puesto 18. Ambas son las naciones de Latinoamérica con mayor apertura.
En contraste, las peor calificadas en la región fueron Venezuela (97), Nicaragua (84), Bolivia (80), Guatemala (70) y Honduras (66).
Este primer Índice de Gobierno Abierto, lanzado en la semana pasada, sitúa a más de 100 naciones en el ranquin según las experiencias de cada población en los países en asuntos como derecho a la información, vías para encauzar denuncias, participación ciudadana, leyes publicadas y oferta de datos oficiales.
Las puntuaciones de los países se basan en encuestas a hogares realizadas a partir de cuestionarios técnicos recopilados por WJP.
El Índice de Gobierno Abierto WJP 2015 abarca un total de 102 países y jurisdicciones.
El índice es el resultado de dos años de desarrollo, consulta e investigación de antecedentes con responsables políticos, grupos de la sociedad y académicos de varios países.
Sus hallazgos describen la ampliación de una brecha donde, por un lado, está una ciudadanía poco informada de sus derechos y deberes, y, por otro, el incumplimiento de leyes sobre derecho a la información, cuya aplicación en la práctica es cuestionable.
Los investigadores detectaron que 80% de los ciudadanos de bajo ingreso consultados están mucho menos conscientes de su derecho a la información.
Ciudadanos mejor educados y con más ingreso son quienes, globalmente, suelen demandar más información, pero el reporte alerta de que no existe una relación entre la presencia de leyes que preserven el derecho a la información y la aplicación exitosa de esta legislación en la práctica.
En el caso tico, por ejemplo, a la pregunta ¿Cuán efectivo es el Gobierno cuando informa a la ciudadanía de sus derechos? , solo 49% respondió que lo era.
En el caso de cómo informa de sus gastos, apenas 35% le dio su visto bueno al Ejecutivo.
Solo 45% cree que la administración brinda los canales adecuados para recibir quejas de los ciudadanos centradas en la calidad de los servicios públicos.
Apenas 36% cree que el Gobierno hace un manejo bueno o muy buenos de esas denuncias.
Los autores esperan que el diagnóstico y las futuras ediciones del mismo ayuden a identificar fortalezas y debilidades de los países, y estimule acciones políticas más transparentes para una supervisión pública eficaz que atraiga más a los sectores público y privado en asuntos de política pública.