San José (Redacción). El vicepresidente de la República, Luis Liberman, el ministro de Educación, Leonardo Garnier y Adrián Chinchilla, hermano de la presidenta de la República –Laura Chinchilla–, deberán rendir cuentas ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público del Congreso por las cartas a favor de la firma de la exasesora presidencial Flora Isabel Rodríguez.
Las cartas de recomendación fueron parte de la documentación que la firma Procesos presentó para aspirar a un contrato de asesoría con la estatal Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) por ¢17 millones.
La comparecencia surge un día después de que la Procuraduría de la Ética Pública señalara en un informe que las cartas de recomendación firmadas por Liberman y Garnier violaron principios éticos de integridad, imparcialidad, rectitud y objetividad.
El informe señala que la presidenta de la República, Laura Chinchilla, debía tomar las medidas respectivas. Sin embargo, el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, declaró que la presidencia de la República no comparte las conclusiones de la investigación y agregó que no impondrán sanciones a los funcionarios del Ejecutivo.
La presidenta de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, Patricia Pérez, afirmó que el Gobierno trata de escudarse en "leguleyadas" para ignorar las conclusiones de la Procuraduría. Pérez recalcó que los convocados deben presentarse al Congreso el 5 de julio.
"Es un mal síntoma para cualquier democracia, cuando un gobernante se cree superior a las instituciones dedicadas a la supervisión de la ética", reseñó la jefa del opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), Yolanda Acuña.
El diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Wálter Céspedes expresó que el Gobierno debe dar una señal de ataque a la corrupción, de lo contrario, se debe paralizar el Congreso como protesta.
El revuelo político llegó al punto de que el plenario legislativo dedica dos horas de la sesión plenaria de hoy para hablar sobre el informe de la Procuraduría.