La directriz para regular el incremento en los precios del agua, electricidad y combustibles, emitida ayer por el Gobierno, ayudará a volver a meter la inflación en el rango meta del Banco Central, que es entre 4% y 6%.
La entidad había logrado mantener el indicador dentro de su meta por 26 meses consecutivos; no obstante, en los últimos tres meses el crecimiento interanual (de cada mes respecto al mismo mes del año anterior) del índice de precios al consumidor se saltó la barrera del 6%.
El presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños, ha expresado varias veces su preocupación por el incremento, pues, aunque son aumentos puntuales, pueden convertirse en inflación, en la medida en que afecten los costos de las empresas y, además, generen otros aumentos.
Anoche no fue posible obtener una opinión de Bolaños, quien venía llegando al país, sobre la medida del Gobierno.
La inflación se define como el incremento sostenido en los precios, y afecta principalmente a las personas de menores ingresos, pues son las que tienen menos posibilidades de defenderse.
El indicador también influye en otros aspectos como las tasas de interés, la pobreza y los aumentos salariales.
Según manifestó el exministro de Hacienda, Thelmo Vargas, “si se controlan los costos, el impacto de esos precios en la inflación coadyuvará a que esta sea menor que de otra manera. Los límites cuantitativos al crecimiento de los costos sí podrían ser arbitrarios, pero, en general, considero adecuada la directriz”.
Y ¿las inversiones? El otro efecto que podría tener la directriz es en las inversiones de las empresas públicas.
Leonel Fonseca, exregulador general, comentó que el artículo 3, inciso b, de la Ley N.° 7593 de la Aresep, modificada por la Ley N.° 8660, establece el “principio del servicio al costo”.
Dicho artículo señala: “Principio que determina la forma de fijar las tarifas y los precios de los servicios públicos, de manera que se contemplen únicamente los costos necesarios para prestar el servicio, que permitan una retribución competitiva y garanticen el adecuado desarrollo de la actividad (...)”.
Fonseca explicó que este principio permite que las entidades cubran sus costos de operación y realicen las inversiones para brindar el servicio.
Lo cuestionable, según él, no es que las entidades realicen inversiones, sino que utilicen financiamiento de corto plazo para obras de largo plazo, y esto es parte de lo que busca regular la directriz.
Para Vargas, la directriz “tiene mucho de cogerencia, y va en el sentido de exigir a los entes que producen bienes y servicios regulados que controlen sus costos de operación, entre los cuales está el de los intereses”, opinó.