El proyecto de ampliación de la carretera San José-San Ramón ha resultado un calvario. Ahora lo es para la administración Chinchilla, pero ya hace rato que lo es para el país. Hace más de 15 años que se iniciaron los planes de ampliación, y hace unos 10 que se adjudicaron contratos para hacer las obras, sin que se haya podido llevar a cabo.
Esta carretera es de suma importancia para el país. No solo para los que viven en la zona comprendida entre San Ramón y San José. Una alta proporción de la producción y comercio del país se lleva a cabo en esa misma franja. Los atrasos en el tiempo de traslado de personas y mercancías le cuestan muy caro al país. Y ni qué hablar del costo y la pena por las muertes sufridas, debido a lo inseguro de una carretera que se ha quedado pequeña y obsoleta en diseño. La escasez de fondos en el pasado hizo que se buscara el esquema de concesión como método de financiamiento para esta carretera. Bien diseñado, este esquema puede permitir trasladar la carga del financiamiento, de la operación y algunos riesgos a una empresa privada. Esto, a cambio de una utilidad razonable.
La ruta 27 a Caldera, el aeropuerto Juan Santamaría y el puerto Caldera son ejemplos de concesiones que, si bien no son perfectas y costaron muchísimo en llevarse a cabo, están funcionando relativamente bien. Por eso no hay que satanizar la figura de concesión. Como tampoco hay que santificar las obras hechas por el Gobierno. La carretera a San Carlos no se ha podido completar, ni con plata regalada de los taiwaneses. En la actual carretera San José-San Ramón, la plata de los peajes apenas alcanza para cubrir los salarios de los que recogen el dinero. No sobra nada para mantenimiento y reparaciones.
Ahora bien, este nuevo contrato de concesión de la carretera San José-San Ramón ha generado dudas razonables que no han sido aclaradas en forma contundente por el Gobierno. Con el solo hecho de que la presidenta diga que se pueden negociar nuevamente los peajes, ya se confirman las dudas que hay sobre cuán bien se hizo la renegociación. Además, cuando se da una obra en concesión, no hay que ver solo lo que cuesta la obra ahora, sino cuánto costará y quién se hará cargo de reparaciones y mantenimiento en el futuro. Hay que tomar en cuenta quién asume los distintos riesgos: alto o bajo tráfico, daños por fenómenos naturales, etc. Ante las dudas que existen de cómo quedan esos factores en el contrato, no necesariamente hay que cancelar todo y volver a empezar.
No nos podemos dar el lujo, como país, de esperar otros 15 años para que empiecen las obras en esta carretera. Pero tampoco se vale que, por la urgencia, terminemos pagando carísima esta obra.
Hay que encontrar el punto medio.