Del discurso del primero de mayo de doña Laura sobre el estado de la nación, quisiera rescatar la reflexión final que hace sobre el estado de nuestra institucionalidad democrática. Doña Laura se sincera, admitiendo que "...nuestro Estado no está respondiendo con eficiencia y oportunidad a las expectativas y demandas ciudadanas". En nuestro país la gente hace lo que está a su alcance en sus vidas privadas para vivir mejor. Pero el Estado está teniendo enormes dificultades para resolver los problemas que son de la colectividad, y con ello ayudar a las personas a vivir aún mejor. En otras palabras, a Costa Rica no le va tan mal económicamente, no gracias a la acción del Estado, sino a pesar de él
Esta queja de doña Laura no es nueva. Ya don José María Figueres, hará unos 18 años, se quejaba de la "ingobernabilidad". De ahí en adelante, todos los presidentes han mostrado su frustración por las dificultades que han encontrado para dirigir al país.
Ya sabemos lo enredada que está la Asamblea Legislativa, y la dificultad que existe para que de ahí salgan leyes de calidad. El problema va mucho más allá de quien lidera el Directorio, y está más en la forma de elegir diputados, y en un reglamento que permite la discusión eterna, y etérea, de los proyectos de ley.
Tenemos un Poder Ejecutivo que tiene grandes problemas para ejecutar. Existe una maraña de leyes que le dan obligaciones al Gobierno pero que no le dan los instrumentos o recursos para ejecutarlas. La estructura organizacional, las convenciones colectivas y la estructura salarial de los empleados públicos hacen que la burocracia estatal sea muy ineficaz. Sobra personal en muchas posiciones, y en otras no se tiene al personal idóneo, ya sea porque no se puede despedir al mal empleado, o porque no se puede contratar a uno que si cumple con el perfil ideal para hacer mejor las tareas.
Tenemos unas instituciones de control que, en lugar de controlar, se han dedicado a coadministrar con el Ejecutivo. La Contraloría le dedica un tiempo excesivo a las revisiones previas, y poco tiempo a los controles posteriores. La Sala Constitucional debe responder a miles de recursos, muchos de ellos sin sentido, que obligan a detener, muchas veces sin razón, el avance de obras y procesos. Si agregamos al Setena, la Defensoría, la Sala III, y otras más, nos damos cuenta que se nos ha ido la mano en controles, por más necesarios que estos sean. Esto lleva a grandes pérdidas de tiempo y a mayores costos en el accionar del Estado y de todos los ciudadanos.
Si doña Laura logra llegar, en la segunda mitad de su periodo, a soluciones puntuales y aterrizadas a algunos de estos problemas, cambiaría significativamente la imagen pública de su administración y del país.