La Junta Directiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) pedirá al Ministerio Público investigar las irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República (CGR) en el Sistema de Ahorro y Préstamo (SAP) .
Según la Contraloría, el INVU desvió, entre el 2009 y 2013, cientos de planes de ahorro y préstamo para vivienda a sociedades jurídicas.
Además, la CGR cuestionó que un agente de ventas suscribiera 621 contratos a nombre de su esposa, su hijo, su cuñada y un sobrino, para ganar la comisión y, luego, renunciara a ellos en bloque.
Esa acción provocó movimientos de efectivo del INVU por ¢259 millones,
Sonia Montero, presidenta ejecutiva del INVU, dijo que el informe del ente contralor será enviado al Ministerio Público en los próximos cuatro días, para determinar si existe un delito.
El Instituto también remitirá a las autoridades información complementaria –producida por la Contraloría– como el nombre de las empresas y agentes involucrados. Esos detalles aún no son públicos.
Otra decisión tomada por los directivos es pedir a la Auditoría Interna una investigación para precisar la participación de funcionarios del INVU en varios sobregiros denunciados por la CGR.
También, se contratará una auditoría externa, que arrojará resultados el 15 de abril de 2015.
“Aún no tenemos las ofertas para esa auditoría. Esperemos que no sea muy cara, lo importante es que sea eficaz y logre los objetivos”, manifestó Montero.
Estos acuerdos constan en el acta número 6.058 de la Junta Directiva del Instituto.
“Para rescatar una institución y este no es un tema menor, se requiere de mucho control, limpiar y esclarecer los problemas y buscar soluciones a esos problemas”, expresó la jerarca.
El presidente Luis Guillermo Solís afirmó que no analizan, por ahora, una intervención del INVU.
“La Contraloría General de la República es una institución idónea para proceder de acuerdo con lo que estimen conveniente.
”Yo no quiero enredar más la cosa, lo que quiero es que se aclare esto, que haya una investigación, que se fijen responsabilidades y que se resuelva lo que se ha denunciado, porque es gravísimo”, aseguró el mandatario.
Suspensión. Para evitar más anomalías, el Instituto suspendió la venta de planes de ahorro y préstamo del SAP a personas jurídicas, hasta que la Procuraduría General de la República se pronuncie sobre la legalidad de este tipo de ventas.
“La decisión de permitir a las personas jurídicas participar en el negocio de los contratos irrumpe con la razón de ser del SAP”, reza el informe de la CGR.
El documento añade que los directivos del INVU rebasaron sus funciones, al dar luz verde para que empresas compraran planes de ahorro y crédito.
El SAP tiene 55.035 expedientes de ahorro activos, que representan ¢389.100 millones.
En lo que va del año, los 23 agentes del INVU han colocado 2.727 contratos, que equivalen a ¢36.000 millones.
Los agentes del INVU ganan entre ¢2,5 y ¢37 millones por mes.