A raíz de la reorganización que afronta el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), 73 funcionarios perdieron su plaza el viernes 21 de marzo.
En el recorte de plazas, 19 empleados se acogieron a la movilidad laboral y el resto fue despedido porque incumplían los requisitos que exigía su puesto.
“Desde el 2006, la Contraloría General de la República había advertido de la necesidad de hacer un recorte de plazas. Es una decisión muy dura, que le quita a uno el sueño, pero era eso o había que cerrar el INVU”, dijo Álvaro González, presidente ejecutivo de la entidad.
La reestructuración del INVU se inició en el 2012 con una asesoría de la firma consultora Deloitte y en setiembre de ese mismo año, el Ministerio de Planificación aprobó los cambios en la organización.
Para hacer los cambios en la planilla, la Contraloría avaló el giro de ¢3.800 millones del Ministerio de Hacienda hacia el INVU a fin de pagar las prestaciones, las indemnizaciones y renovar puestos.
“Del monto total, yo calculo que vamos a destinar unos ¢2.000 millones en pagar prestaciones de esos 73 despidos. El resto se van a utilizar en calzar nuevos perfiles de funcionarios actuales”, dijo González.
Recorte. Los funcionarios despedidos ocupaban mandos medios y bajos en la institución. Se estima que el gasto por cargas laborales para la institución se reducirá anualmente en ¢1.350 millones.
El sindicato de la institución, dirigido por Ezio Fallas, coincide en que los cambios eran necesarios, pero critica que en los últimos 10 años se contrató a familiares y amigos de la gerente general, María del Carmen Redondo.
“Estamos de acuerdo con la reorganización, pero no han tomado en cuenta al sindicato. Además, en la última década la Gerencia ha contratado a familiares y amigos de la iglesia de la cual forma parte”, expresó Fallas.
La gerente Redondo respondió, por escrito, a La Nación sobre la queja del sindicalista Fallas y rechazó su participación en el nombramiento de los funcionarios.
“Debo advertirle que los casos en mención no tipifican dentro de los grados de consanguinidad de prohibición con la suscrita (...). Desconozco la filiación religiosa de la señora que menciona el sindicato, por lo que no encuentro el motivo de frente a lo anterior por el que el sindicato cuestiona (...)”, indicó la gerente Redondo.
La reorganización ocurre luego de que la Contraloría General de la República ha señalado errores constructivos y de fiscalización en proyectos de vivienda del INVU.