El Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia (IAFA) prevé un aumento en el consumo de drogas en caso de que una reforma legal despenalice el narcotráfico.
Así lo expresó Patricia Orozco Carballo, directora general del IAFA, luego de que el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, lanzara la iniciativa de legalizar las drogas en la región como medida para paliar el crimen organizado.
“Al menos en el primer momento, habría un aumento en el consumo. Al ser una droga legal, disminuye la percepción de riesgo; hay menos temor de probar la sustancia, aunque sea por primera vez”, dijo la jerarca del IAFA.
Orozco afirmó que lo mismo ocurrió en Holanda cuando se legalizó la droga.
¿Está preparado el sistema de salud costarricense para atender un aumento en el consumo? Según Orozco, hoy la responsabilidad está concentrada en el IAFA, el cual dispone de una estructura “relativamente pequeña para la necesidad del país”.
Agregó que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) planea desarrollar un sistema de atención, pero en el largo plazo.
Según la directora del IAFA, en la actualidad la mayor cantidad de adicciones en el país obedece al consumo de alcohol, producto cuya comercialización no está prohibida y que el mismo Estado vende.
En muchos casos, añadió, se mezcla el consumo de alcohol con algunas drogas.
Aquí, el consumo de drogas no es ilegal, lo que es penalizado es el tráfico de estas.
Orozco agregó que las drogas afectan de diversas maneras. Las drogas duras, como la cocaína, la heroína y el crack, generan mayores trastornos en la conducta, dijo.
La semana pasada, la presidenta Laura Chinchilla apoyó la apertura de un debate regional, “con mucha rigurosidad”, sobre la posibilidad de despenalizar la producción, distribución y venta de drogas en Centroamérica.
“Yo no veo por qué en Centroamérica no se pueda plantear también el debate, pero claro que es un debate que implica un abordaje serio”, dijo Chinchilla.
El presidente guatemalteco argumentó que la legalización del narcotráfico reduciría los daños colaterales de violencia que hoy genera ese comercio.
Quien se mostró totalmente opuesto a la legalización del narcotráfico fue el viceministro de la Presidencia y comisionado nacional antidrogas, Mauricio Boraschi.
“La verdad, no veo con claridad que pueda darse ese resultado”, dijo en relación con la expectativa de que la legalización reduzca la violencia. “Debemos preocuparnos más por atender con calidad a las personas que sufren por la adicción a las drogas”.
Boraschi argumentó que los narcotraficantes están tan acostumbrados a disfrutar de las ventajas de la ilegalidad que no revertirían su comportamiento.
La propuesta de abrir el debate, en cambio, sí tiene eco entre las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC).
Luis Gerardo Villanueva, jefe de fracción del PLN, dijo que en algunos lugares el narcotráfico parece estar ganando la partida. Además, encontró contraproducente que, por un lado, el Estado venda alcohol y por otro prohíba otras drogas. “Solo me lo explico por cuestiones culturales”, apuntó.
Luis Fishman, del PUSC, también argumentó: “Sí es un tema que debe entrar a considerarse porque, sin duda, la guerra contra el narco se está perdiendo”.
Dentro del PAC, la diputada Jeanette Ruiz insistió en que cualquier decisión debe ser global porque, de lo contrario, el país se convertiría en un destino turístico para consumir drogas.
El más comedido fue Danilo Cubero, jefe del Movimiento Libertario, un partido que, en sus orígenes, consideraba al narcotráfico un delito sin víctimas. “Esa es una tesis muy riesgosa que, si no hay prohibición, se acabaría el negocio; tengo muchas reservas”, dijo.