El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, se sentó con representantes del sector sindical para explicar los porqués del veto parcial al proyecto de ley para un nuevo Código Procesal Laboral.
El jerarca se reunió el sábado anterior con delegados sindicales a instancias del presidente de la Congreso, Víctor Emilio Granados. En la cita se reiteró que la posición del Ejecutivo es mantener el veto a los artículos del plan de ley que permiten las huelgas en servicios públicos esenciales.
Este tipo de servicios son los que garantizan la vida, la salud, la seguridad y el transporte y la seguridad económica del país.
En el encuentro estuvieron representantes de la Confederación de Trabajadores Rérum Novárum, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), de la Coordinadora Unitaria, Sindical y Magisterial (Cusima) y de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), confirmó el secretario general de esta última entidad, Albino Vargas.
¿Por qué el veto? El plan de ley aprobado por el Congreso el 27 de setiembre con el voto de 40 diputados permitía las huelgas a los trabajadores que se desempeñan en entidades que brindan servicios públicos esenciales. Esto llevó al Ejecutivo a veta solo los artículos que abrían tal posibilidad.
“El veto se mantiene tal cual fue presentado. Yo tuve la oportunidad de explicárselos con más detalle el día sábado. Les expliqué las razones con mucho más detalle e hice referencias a algunas resoluciones de la OIT (Organización Interncional del Trabajo) y de la Sala Constitucional que a mi juicio nos apoyan en el razonamiento”, manifestó Benavides.
Sin embargo, el secretario general de la ANEP, Albino Vargas, destacó que intentarán convencer al Ejecutivo para que ceda en el veto parcial interpuesto por el Gobierno y que ahora deberá ser retomado en el Congreso para determinar si resella, modifica o archiva el plan.
“Gracias a la intercesión de Fabio Molina, de Luis Gerardo Villanueva y de Víctor Emilio Granados se hizo un puente y pudimos dialogar muy respetuosamente en la oficina de la presidencia legislativa (...). Nosotros queremos convencer al Gobierno de que no lleva razones en sus argumentos y nos preparamos para documentarnos mejor”, aseveró Vargas.
Mediador. Granados afirmó que su actuación será la de facilitador del diálogo entre los sectores.
“Vamos a tener el canal abierto para que los sindicatos y Gobierno ahonden un poco más tanto en las razones del veto, como en las probables soluciones que puedan darse para encontrar un punto de equilibrio entre la posición que mantienen los sindicatos y el Gobierno de la República en el tema de la huelga en servicios esenciales”, dijo el presidente legislativo.
Granados agregó que aunque no hay fecha para un próximo encuentro, ambas partes están en disposición de llegar a dialogar.
El diputado del oficialista Partido Liberación Nacional (PLN), Luis Gerardo Villanueva, afirmó que el veto era la solución a un tema que podría complicarse luego.
Mientras tanto, el legislador socialcristiano Luis Fishman, consideró que la huelga, aunque sea en servicios esenciales, es un derecho del trabajador.