La Fiscalía General descartó presentar una acusación contra el diputado Justo Orozco por hechos ligados al cobro de la deuda política por parte del Partido Renovación Costarricense.
El martes, el Ministerio Público le solicitó a la Sala III de la Corte Suprema de Justicia desestimar, en lo que al legislador se refiere, una denuncia presentada a mediados del año pasado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Así lo confirmó ayer el fiscal general, Jorge Chavarría.
“Solicitamos la desestimación dado que los testimonios recolectados y el mismo análisis de la prueba determina que las personas que actuaron directamente sobre este tema están claramente identificadas y este señor diputado únicamente firmó el documento de presentación ante el Tribunal”, dijo el fiscal general.
David Romero, jefe de despacho y asesor legal de Orozco, sostuvo ayer que ninguno de los hechos ilícitos que se le atribuyeron al diputado era cierto.
Según explicó el asesor, el parlamentario únicamente tramitó el cobro de la deuda política ante el TSE como presidente del Partido, y no como persona, por lo que no había cómo probar participación alguna en otros hechos.
Ayer, se intentó conversar con el diputado, pero él se encontraba en Brasil representando al país en una reunión de la Comisión de Derechos Humanos y Cárceles del Parlamento Latinoamericano.
El fiscal Chavarría añadió que, si bien se pidió desestimar el caso contra Orozco, el Ministerio Público mantiene una causa abierta en torno a la liquidación de campaña de Renovación Costarricense.
De esta se encargará la Fiscalía de Probidad y Transparencia, dijo el jefe judicial, pues se investiga a personas que no tienen inmunidad constitucional. “Todo lo que fue la recolección de los fondos, el manejo, los respaldos contables, la recolección de las contribuciones fueron los dirigentes provinciales y cantonales”.
El TSE había denunciado al legislador por falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica y uso de documento falso.
El Tribunal llevó el caso al Ministerio Público tras concluir que Renovación le cobró al menos 19 contratos de trabajo político con personas que afirmaron haber sido contratadas por montos menores a los indicados en la liquidación.
Según Romero, el Partido le dará respaldo legal al resto de dirigentes investigados.