Eran una fuerte esperanza para avanzar en las obras públicas; sin embargo, hasta ahora son pocos los que han logrado ver la luz.
Se trata de los fideicomisos de obra pública, contratos mediante los cuales entidades administran proyectos del Estado.
En el país, la figura ya había dado frutos con varios proyectos del ICE, como la planta hidroeléctrica Cariblanco.
No obstante, las dificultades han sido una tras otra. La primera surgió en mayo del 2009, cuando la Superintendencia General de Valores (Sugeval) objetó el esquema de titularización que plantea el Fideicomiso CCSS-Banco Nacional; luego, en setiembre del 2009, la Sugeval cuestionó el uso de este mecanismo pues consideró que era peligroso para los inversionistas la titularización (emisión de deuda) basada en flujos futuros.
A partir de ese momento, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) trabajó en una nueva normativa, que estuvo lista un año después. No obstante, se ha llevado tiempo adaptar los proyectos al nuevo esquema.
Resurgen en conflicto con Sugef. En estos días los fideicomisos volvieron al debate público a raíz del conflicto entre el superintendente general de entidades financieras, Francisco Lay, y el presidente del Banco Central, Rodrigo Bolaños.
Lay señaló a los fideicomisos de obra pública como una de las posibles razones por las cuales el Banc o Central persigue el control de las superintendencias, razón por la cual él renunció.
“Yo lo que estoy claro es que se persigue el control de las superintendencias; (...) ha habido oposiciones de Sugef (Superintendencia General de Entidades Financieras) y Sugeval a los fideicomisos de obra pública”, señaló Lay en su comparecencia la semana pasada en la Asamblea Legislativa.
Para Lay, este es un tema que debería resolverse por medio de una modificación a la Ley de Contratación Administrativa.
“La posición de la Superintendencia ha sido que se modifique la Ley de Contratación Administrativa para que deje de ser un amarre para el desarrollo de obra pública que tanto necesita este país.
”Lo que no se vale es pretender que las superintendencias establezcan o aprueben mecanismos que lo que persiguen es darle vuelta a la ley de contratación, para cumplir los principios pero no los procedimientos, y que esa firma a eso se la pongamos los superintendentes”, añadió.
El vicepresidente de la República, Luis Liberman, negó que exista presión del Gobierno sobre las superintendencias para que esta figuras caminen.
“De parte del Gobierno Central no hemos ido a hablar con ninguna superintendencia para que le haga ningún favor a los fideicomisos”, señaló Liberman.
Añadió que los fideicomisos van a la Contraloría General de la República, con lo cual cumplen con los principios de la Ley de Contratación Administrativa.
Hacia futuro. Los bancos Nacional y Costa Rica, que son los que tienen en sus manos estas obras, confían en que podrán continuar.
Sobre los frenos que enfrentan actualmente los fideicomisos, Mario Jiménez, director general de Banca de Inversión del Banco Nacional, comentó que ha estado dialogando con el Ministerio de Hacienda, Sugeval, y el Banco Central, y con las entidades relacionadas con estos temas, para plantear soluciones concretas y tangibles para formalizar estas obras.
Añadió que hay entidades locales y multilaterales que se encuentran dispuestas a financiar los proyectos.
Consultado sobre las razones por las cuales hasta ahora pocos fideicomisos de obra pública han avanzado, Francisco Acuña, gerente de Finanzas Corporativas del Banco de Costa Rica, señaló que producto de los ajustes en la normativa se dio una pausa y hubo que aclarar temas con las autoridades y la Contraloría General de La República, de manera que todos se ajustaran al nuevo esquema.
“No obstante, los proyectos requieren de un periodo de maduración que lleva tiempo”, añadió.