El ICE utilizó exagentes del Ministerio de Seguridad Pública (MPS) y del OIJ para seguir y fotografiar los movimientos del líder sindical Jorge Arguedas Mora, en diciembre del año pasado.
Cinco de los siete investigadores que realizaron el seguimiento trabajaban, hasta mediados del 2009, en la Fuerza Pública o en el Poder Judicial. Luego, ingresaron a la Dirección de Protección y Seguridad Institucional del ICE.
Uno de los investigadores, de apellido Ospino, era analista policial del departamento de Planes y Operaciones de la Fuerza Pública. Trabajó 15 años para esa entidad, confirmó el Ministerio de Seguridad el viernes pasado.
Otro exoficial de Seguridad, de apellido Abarca, fue agente encubierto en una investigación penal sobre delitos sexuales. Tenía rango de subintendente (antiguo subteniente) y, el año pasado, laboró en la delegación de Flores, Heredia.
Un tercer expolicía, de apellido Chavarría, tenía cargo de intendente y laboró ocho años para el MPS. Al momento de su renuncia estaba destacado en Limón.
Otro de los investigadores del ICE, de apellido Godínez, tiene plaza en la sección de Fraudes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pero tiene un permiso sin goce de salario desde junio del 2009.
Según la nota que envió Godínez al Consejo Superior del Poder Judicial el 28 de octubre del 2009, en el ICE se ocupa del “desarrollo de programas de prevención en procura de detectar inconsistencias en las normas y procedimientos, o bien por acciones deliberadas que pudieran afectar los servicios, intereses e ingresos del ICE”.
Además, informó de que ha colaborado en recolectar, procesar y analizar información sobre “operaciones de terceros y de funcionarios para determinar cualquier deficiencia o debilidad en los sistemas corporativos”.
Un investigador más, de apellido Corrales, laboró para el Juzgado de Pensiones Alimentarias de La Unión, Cartago.
Estos cinco expolicías, junto a dos funcionarios del ICE (de apellidos Escribano y Mejía), con más años de carrera en el Instituto, se turnaron para seguir, fotografiar y reportar los movimientos del sindicalista durante 11 días.
Los funcionarios iban tras un supuesto incumplimiento de horario de Jorge Arguedas, aunque este disponía de jornada discrecional.