La pugna entre porteadores y taxistas, así como entre las ramificaciones de estos dos grupos, al parecer no tendrá fin. Forma parte de la (in)cultura nacional, dimensión caótica de la llamada ingobernabilidad, vocablo polisémico, aplicable, por cierto, a todo lo que signifique carencia de autoridad.
¿Cuándo empezó este desmadre, consistente en la toma de las vías públicas por los taxis, los porteadores, los furgones, a veces por los autobuses y, en fin, por todo vehículo con cuatro ruedas? Si la memoria no nos traiciona, el origen se remonta a la alianza o contubernio entre la política (partidos y Gobiernos) y los taxistas, allá por la década de los ochenta, cuando los Gobiernos renunciaron al ejercicio de la autoridad, y los taxistas tomaron la ley en sus manos para acomodarla a sus intereses particulares.
La palabra sacramental que explica este desorden urbano se denomina falta de autoridad o, mejor, miedo a ejercerla, una enfermedad que explica no pocas situaciones anómalas en nuestro país, en las más diversas esferas sociales, y que, conforme ha pasado el tiempo, se ha venido arraigando en toda la geografía nacional y, peor aún, en un estilo de vida y de gobierno, que nos ha atrapado y cuya factura estamos pagando a precio de oro.
Cuando comenzó el negocio de los taxis, surgieron, de inmediato, los vivillos, que hicieron añicos las normas de la materia, aliados de los políticos, en grande o en pequeño. Uno de los puntos culminantes en esta historia fue el regalo hecho por el Gobierno de turno, con ocasión del campeonato mundial en Italia (Italia 90), de placas de taxi a los futbolistas que participaron en esta justa. El concepto de taxi, como servicio público regulado, dio lugar al taxi como regalía a la tica.
En otras palabras, el servicio de taxis, y, luego, el de porteadores, comenzó bajo el alero de la corrupción y del desorden. ¿Quiénes son hoy los verdaderos propietarios de los taxis? ¿Cuántos taxis puede tener una persona? ¿Quién controla y hace cumplir la ley? ¿Qué es un porteador? ¿Cuántas figuras jurídicas amparan a unos y otros? ¿Por qué un funcionario público puede ser miembro de una comisión oficial y, a la vez, “dueño” de uno o varios taxis o porteadores, que convoca a huelgas cuando le viene en gana y se sobrepone al poder del Estado?
Periódicamente algún líder de taxis o porteadores ocupa el escenario de algún medio de comunicación y, desde ahí, dicta órdenes imperativas para anunciar la estrategia del nuevo cierre de calles, el más vulgar chantaje contra el pueblo, ante un Estado que dormita. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo un Estado puede restaurar la autoridad que perdió o subastó?