Si, con base en los medios de comunicación nacionales, un extranjero quisiera enterarse de lo que está pasando en el conflicto entre la Corte Suprema de Justicia, la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, no entendería. Sabría que existe un conflicto, pero no el porqué y, mucho menos, una ruptura del orden constitucional ni un golpe de Estado. Podría darse cuenta del alcance de la emotividad e indignación imperantes en el Poder Judicial, pero no de sus motivos reales. En todo caso, no podría culpar a la prensa nacional de la confusión, pues esta ha informado correctamente sobre lo que oye y ve, sino a los actores en liza.
No le sería difícil entender qué significa que la Corte exija “a Chinchilla y diputados restituir al magistrado Fernando Cruz”. Sin embargo, sabedor de que en Costa Rica funciona el principio de la división de poderes, se preguntaría por qué, si el conflicto se originó en la decisión de 38 diputados (mayoría calificada, en representación de 5 de las seis fracciones) de no reelegirlo, se culpa a la presidenta de la República y hasta se le pide la restitución del magistrado en el cargo, si ella no participó ni podía participar en la remoción. Y, este emplazamiento ¿no constituye una intromisión en otro poder? En consecuencia, no comprenderá por qué se habla de invasión de poderes, si solo uno, el Poder Legislativo, ha incurrido en este pecado. Y mucho menos entendería qué significa un “golpe de Estado técnico”, según expresión del fiscal general. Agradecería, con todo, que se le explicara el alcance de estas palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia: “Fuerzas oscuras han cohonestado este triste episodio”. ¿Quién fraguó este conflicto?
En fin, el visitante extranjero –y posiblemente con él muchos costarricenses– podría creer, por falta de información objetiva e institucional, en este intercambio verbal y emotivo, que no hubo razones claras o sólidas para “quitar” al magistrado Cruz, quien, además, goza del reconocimiento público y de la estima y aprecio de sus compañeros, excepto que lea el editorial de La Nación de ayer, intitulado “El mensaje de los diputados”, en el que, por su especial naturaleza, se explica todo, con señalamiento claro de los responsables de este zipizape, así como de las vías legales para que, sin más enredos ni protagonismos ni vanidad alguna, brille de nuevo el Sol sobre la majestad del Poder Judicial y de nuestra democracia.
En fin, esto no ha terminado. Es una espiral. Lo que ha pasado es muy grave, y el ejemplo social ha sido perverso. Costa Rica está en ebullición por acción de algunos grupos y personajes, enemigos de nuestra institucionalidad. Nos salvará la fuerza de la razón y de la ley, la prudencia y el respeto, palabras añejas, pero sagradas.