Las instituciones públicas, como los dirigentes de un país en posiciones relevantes, deben mantener el equilibrio y evitar los sobresaltos. A todos nos conviene una cierta mesura, un cierto orden. No se puede avanzar a tontas y a locas.
Nuestro país ha alcanzado un grado de madurez cívica, objeto de elogios dentro y fuera.
Sin embargo, pareciera que, de pronto, nos caemos. Ya me he referido a esto: la visita del presidente Obama, donde nos comportamos, pueblo y gobierno, con decoro y dignidad; los Juegos Deportivos Centroamericanos, modelo de participación y convivencia, y, aunque a algunos no les guste, la sesión de la Asamblea Legislativa del primero de mayo pasado, el respeto vivido y la elección del nuevo presidente, Luis Fernando Mendoza, garantía de decencia y decoro.
De pronto, se nos metió el diablo y los papeles cambiaron. La Asamblea Legislativa del lunes pasado, dedicada al examen del informe presidencial, abundó en cháchara inefable, en opiniones a la ligera, en reiteraciones cansinas, en los eternos llamamientos al diálogo y en juicios de valor, de tal suerte que si uno quisiera enterarse de los temas tratados, en serio, para visualizar el futuro del país o, al menos, las intenciones de los diputados, no lograría este cometido intelectual o moral. La primera sesión de la última legislatura nos dejó un amargo sabor. Con parloteo sin conceptos señeros, que nos guíen e iluminen, nos queda un vacío en el alma.
La elección del presidente del Poder Judicial, por su parte, el lunes pasado, tras cinco votaciones, ha inducido a algunos a sospechar un cierto vacío u orfandad en este poder del Estado, aunque para otros esto es normal. Estimo, sin embargo, que las divisiones políticas en el país, en el rebullicio y cantidad de los partidos actuales, lo ha contaminado todo. ¿Hay magistrados con credenciales para presidir el Poder Judicial? Claro que los hay. Los que hemos seguido las faenas judiciales en estos años, bien lo sabemos. Ojalá que no se impongan la mezquindad ni la política.
Otro dato lamentable. El Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) busca aliados para oponerse a la concesión otorgada a la empresa APM Terminals en Limón, proyecto de alto vuelo que nos sacaría del triste rezago portuario y que ya pasó por todas las pruebas legales. No hay razón alguna para esta nueva acometida, excepto el interés de causarle daño al país y a Limón. ¿Hasta cuándo?
Esta es una pregunta que los costarricenses nos formulamos con angustia, ante las pretensiones de dirigentes y grupos minoritarios.