En torno al proyecto minero de Crucitas se libra una batalla en el terreno de las relaciones públicas, con consecuencias nefastas. No se trata de la ofensiva propagandística de la concesionaria, sino de un pulso apenas disimulado entre la Sala IV y el Poder Ejecutivo, ambos ansiosos de lavarse las manos.
En abril, la Sala Constitucional divulgó, en lo sustancial, su fallo favorable al proyecto. Validó los estudios previos y los procedimientos seguidos. Los impactos ambientales, dijo, son conocidos y pueden ser mitigados. Según la sentencia, las medidas de compensación ambiental prometidas superan el impacto negativo del proyecto.
Por esas y otras razones, los magistrados no encontraron roces con la Constitución. La reacción de los grupos opuestos a la mina fue intensa. La Sala resultó blanco de crítica y surgieron cuestionamientos a los estudios técnicos utilizados como base para la decisión.
En días recientes, la Sala divulgó el texto íntegro de la sentencia. Luego, emprendió su ofensiva de relaciones públicas. No se vio obligada a desplegar mayores esfuerzos. Los magistrados pusieron el peso y prestigio de su cargo detrás de un comunicado de prensa claramente destinado a lavarle la cara a la institución.
Verdades de Perogrullo. Según el comunicado, “'la Sala Constitucional considera importante dar a conocer a la opinión pública dos considerandos expuestos en la sentencia'” El boletín pasa, de inmediato, a transcribir los extractos. En ellos, la Sala hace una larga lista de verdades de Perogrullo, ninguna apta para sentar verdadera jurisprudencia y ninguna innovadora. Ninguna afecta, tampoco, la cuestión de fondo.
Destaca, entre ellas, la “revelación” de que el Ejecutivo “' tiene plenas competencias y atribuciones para rescindir, por razones de oportunidad, conveniencia, mérito o de interés público, las concesiones y permisos otorgados en el pasado a cualquier empresa, debiendo enfrentar las eventuales responsabilidades consecuentes”.
El señalamiento es un hecho de todos conocido. Nadie ha cuestionado, por obvia, la potestad del Ejecutivo de rescindir un contrato. Tan banal es la advertencia que obliga a preguntarse por qué la Sala “considera importante” darla a conocer. La respuesta es evidente: para lavarse las manos como, en efecto, lo consiguió. Llevada por el prestigio y conocimiento especializado de los magistrados, la prensa respondió con titulares que desplazan la responsabilidad hacia el Poder Ejecutivo: “Gobierno puede frenar Crucitas, dice Sala IV”.
En ese punto, se perdió de vista el espaldarazo de la sentencia al proyecto minero, y el detalle de la indemnización pendiente, en caso de rescisión, quedó relegado a segundo plano. En días siguientes, los informes de prensa insistieron en que el Poder Ejecutivo conformó una comisión para estudiar el caso luego de que la Sala IV le recordara su potestad de rescindir el contrato. Se insinuó así una relación de causa y efecto donde solo hay una sucesión de acontecimientos en el tiempo. Cierto, la Sala “recordó” al Ejecutivo lo que nadie puede creer necesario recordarle. Luego, el Ejecutivo conformó la comisión.
Era de esperar que el Gobierno no se abocara al análisis antes de leer el texto íntegro de la sentencia, pero su conocimiento de las potestades básicas que le son conferidas por la Constitución y la ley no está en tela de juicio. De hecho, días antes de conocer el fallo integral, el Gobierno prometió a los críticos del proyecto un análisis sobre la conveniencia de mantenerlo.
Establecida la relación de aparente causalidad entre la sentencia y la revisión del caso, la Sala se constituye ante la opinión pública en fuerza generadora de la reconsideración política y hasta de una posible decisión contra el proyecto minero al cual, en realidad, no opuso objeción alguna, quizá porque no podía hacerlo.
En vista del claro deseo de manipulación contenido en el comunicado de prensa, el titular más apropiado habría sido: “Sala IV intenta lavarse las manos en caso de Crucitas”. La noticia habría desnudado el verdadero propósito de la Sala al redactar y divulgar con tanto empeño sus verdades de Perogrullo y habría demostrado su inconveniente inclinación a jugar a la política en el sentido menos edificante del término.
Metido a la tarea de imaginar titulares, propongo otro, consistente con la lógica que la Sala imprimió a los acontecimientos. Ahora que el Ejecutivo decidió seguir adelante con el proyecto, se impondría titular: “Autorizado por la Sala IV, Gobierno mantiene concesión de Crucitas”. El título es igualmente falaz, pero es consistente con el razonamiento lógico derivado del falso postulado inicial. Si la Sala le recordó al Gobierno que puede frenar el proyecto de Crucitas, también le recordó que puede hacer lo contrario.
Ese, precisamente, es uno de los fundamentos del comunicado de prensa que anuncia la decisión de mantener el proyecto minero. El Ejecutivo señala que la Sala “reconoce” (no establece) su potestad de rescindir el contrato y enfatiza que los propios magistrados indican la consecuencia de ejercer esa facultad: el pago de una indemnización. Ese peligro, añade, es mucho mayor ahora que la Sala “'reconoce la legalidad de los permisos de explotación hasta ahora otorgados al proyecto en cuestión”. ¡Listo!, el bumerán completa su trayectoria circular y el Gobierno se anota un punto en la disimulada guerrita de relaciones públicas con la Sala IV. Sin embargo, el Ejecutivo no puede esperar una difusión equivalente a la obtenida por el golpe maestro de la Sala. Necesita más para demostrar que la preservación de Crucitas no es un libérrimo capricho, como lo dan a entender los recientes titulares inspirados por la Sala IV. Acude, pues, a un recurso dramático. La comisión encargada de estudiar el caso divulga sus conclusiones sobre el monto de la indemnización a pagar en caso de rescisión del contrato: ¡$1.750 millones, cerca de un 6% del PIB del año pasado!
Peligrosa exposición. Con la divulgación de esa suma, el Ejecutivo se lava las manos, pues el costo de detener el proyecto es exorbitante. Sin embargo, se labra, en el futuro, una peligrosísima vulnerabilidad. La legalidad de la mina en Crucitas no es un hecho consolidado. Existe un proceso contencioso administrativo entablado para examinarla. Si el fallo no favorece al proyecto, la compañía podrá reclamar su indemnización y ya el Gobierno le fijó un precio exorbitado.
Los abogados del Estado se verán comprometidos a defender el caso contra la estimación hecha por sus propios representados. La discusión ya no consiste en la necesidad de resarcir lo invertido y ni siquiera el lucro cesante. Todos los informes divulgados hasta ahora indican que la mina producirá apenas $835 millones en oro. El punto de partida son los $1.750 millones pregonados. Sale caro lavarse las manos.