San José (Redacción). Inviable y descabellado. Así calificaron algunos de los diputados al proyecto de ley impulsado en la Asamblea Legislativa que pretende eliminar controles sobre las finanzas de los partidos políticos.
El proyecto pretende reducir los controles del Tribunal Supremo de Elecciones sobre el dinero que manejan las agrupaciones políticas a cambio de que esa institución compre directamente los espacios en medios para la campaña electoral.
Sobre este tema, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta manifestó que si bien se deben hacer reformas electorales —para que haya un acceso equitativo para los partidos— no se trata de quitar controles porque esto podría “agravar la corrupción”.
“Yo creo que en los términos en que ellos lo están planteando el proyecto no tiene viabilidad, creo que hay que conversar con todos los partidos y reactivar la comisión de reformas electorales para ver cuáles reformas son viables de aprobar para las próximas elecciones”.
Jeannette Ruiz, diputada del Partido Acción Ciudadana mostró su desacuerdo y enfatizó que: “Este es un proyecto que debe ser archivado de inmediato. Considero que ni siquiera debe ser discutido en la Asamblea es un pésimo precedente para la ciudadanía”.
“Darle cheque en blanco a los partidos para que hagan con los recursos lo que quieran, me parece el proyecto más descabellado”, aseguró la legisladora.
Víctor Hugo Víquez, del PLN, agregó que la iniciativa es descabellada si han ocurrido hechos cuestionables con los controles existentes.
Rodolfo Sotomayor, de la Unidad Social Cristiana aseguró que: “es importante que el Tribunal lleve un control del financimiento que se obtiene de los partidos políticos y que hay un nivel de transparencia que mantener”.
Su opinión contrasta con algunos de sus compañeros de bancada que apoyan la iniciativa junto a legisladores del Movimiento Libertario, Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Renovación Costarricense y Restauración Nacional.
Para realizar reformas de este tipo, el congreso debe realizar la consulta al Tribunal, dijo Diego Brenes asesor del TSE ,en entrevista con ADN 90.7.
Si la consulta se realizara seis meses antes y cuatro después de las elecciones, una negativa del Tribunal significaría un veto absoluto a la reforma.
Sin embargo, en caso de encontrarse fuera de ese período, y si los legisladores estuvieran en desacuerdo con el dictamen del Tribunal, procedería realizar una votación de dos terceras partes de la Asamblea, para definir si se realiza o no la reforma.