El terremoto movió a los diputados a repensar el destino de los $8 millones que donó el Gobierno de China al país el 16 de agosto.
Congresistas del PLN, el PAC, el Movimiento Libertario, el PASE y el PUSC consideran que los daños causados por el sismo podrían ser paliados con los recursos que ofreció el mandatario Hu Jintao.
Los legisladores ven la posibilidad de que los recursos se usen para el inicio de obras de un nuevo hospital en Puntarenas y como ayuda para recuperar la infraestructura dañada por el sismo.
El primero en plantear la posibilidad de usar la regalía china fue el legislador de la Unidad Social Cristiana (PUSC) Rodolfo Sotomayor.
“Es ideal que esos recursos de la donación china sean dirigidos a Puntarenas y Guanacaste. Hay que trasladar esos recursos de una buena vez”, dijo Sotomayor.
Y es que los daños por el terremoto tienen al Gobierno haciendo números pues a la fecha aún no hay un cálculo de las pérdidas materiales que dejó.
“Yo tengo toda la fe en Dios de que doña Laura... la realidad es que no hay dinero. Y esto es una emergencia y ese dinero puede ser viable”, opinó la diputada por Puntarenas del Partido Liberación Nacional (PLN) Agnes Gómez.
La posibilidad de usar el dinero de China surge en vista de que todavía no hay un destino para su inversión pues la regalía se dio fuera de los planes del propio Gobierno tico, y la presidenta aún no señala un destino para el dinero.
“Sería una posibilidad extraordinaria para demostrarle al pueblo de Costa Rica una actitud, no de presidenta del país, sino de una mandataria, sobre todo por las declaraciones de que el Gobierno no tiene fondos para responder”, dijo el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Claudio Monge.
Para el legislador del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) Martín Monestel, lo más urgente es usar los recursos para que sirvan en el inicio de un nuevo hospital para Puntarenas.
Pero no todos los diputados comparten esta idea. La jefa del PAC, Yolanda Acuña, y el jefe del PUSC, Luis Fishman, consideran que la presidenta debe decidir por ella misma el destino del dinero, sin que medie una intervención del Poder Legislativo. Mientras tanto, el Gobierno escoge prioridades.