Se anticiparon y lo lograron. Ayer 45 diputados se apresuraron a darle su aprobación final a la ley antitabaco antes de que una notificación de la Sala IV pudiese frenar el trámite del proyecto.
Los legisladores ratificaron en segundo debate la normativa que prohibirá fumar en sitios como centros de trabajo, restaurantes, bares, casinos y terminales de bus, además de crear un nuevo impuesto de ¢20 por cada cigarrillo.
Para que la ley entre a regir, ahora deberá ser sancionada por la presidenta, Laura Chinchilla, y publicada en el diario oficial La Gaceta .
Se trata de la Ley General de Control del Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud. Quedó avalada poco antes de las 4:15 p. m.
Casi 40 minutos antes, un grupo de diez diputados del Movimiento Libertario, Liberación Nacional (PLN) y la Unidad Social Cristiana (PUSC) habían enviado el proyecto a consulta ante la Sala IV.
Esa acción habría frenado el trámite del proyecto hasta que el tribunal aclarara si tenía inconstitucionalidades.
Sin embargo, en el momento de la votación, la notificación de la Sala IV de que el plan estaba en consulta no había llegado a la Asamblea Legislativa. Solo votaron en contra los libertarios Ernesto Chavarría y Marielos Alfaro.
Una vez que la ley salga publicada en La Gaceta , el 50% de las carátulas de las cajetillas tendrán que traer imágenes y textos sobre los efectos nocivos del tabaco.
Además, vender cigarrillos sueltos y vender tabaco a menores de edad se multará con ¢180.000.
No usaron la palabra. Juan Carlos Mendoza, presidente de la Asamblea, dijo que el Directorio legislativo sabía informalmente que algunos diputados habían tramitado la consulta de constitucionalidad, antes de votar el segundo debate.
No obstante, continuó el jerarca, ninguno pidió la palabra para alargar el debate y dar tiempo de que llegara la notificación.
“Si los proponentes hubiesen querido, lo hubiesen hecho saber o hubieran hablado. Pudieron haber usado la palabra para dar tiempo”, declaró Mendoza.
La consulta la firmaron los libertarios Adonay Enríquez, Ernesto Chavarría, Mireya Zamora, Carlos Góngora y Damaris Quintana; los liberacionistas Óscar Alfaro, Jorge Angulo y Víctor Hugo Víquez, así como los socialcristianos Luis Alberto Rojas Valerio y Wálter Céspedes.
Para Enríquez, la ley demandará un exceso de inspectores públicos, además de que, en su criterio, se votó en forma “antojadiza”.
Zamora, por su parte, dijo que firmó la consulta para garantizar que no se violen derechos a los ciudadanos. En el momento de la votación estaba fuera del plenario.
Víquez señaló que su preocupación es el contrabando que pueda surgir por el nuevo impuesto (hoy, los tributos sobre los cigarrillos representan el 1% de los ingresos tributarios del Estado).
Según Mendoza, la consulta en Sala IV ya no tiene sentido. Ayer no fue posible conversar del tema con representantes del tribunal.