Unas 200 familias del condominio Vila del Lago, en El Coyol de Alajuela, sufren la incertidumbre de saber que podrían ser desalojadas de sus casas ante la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales en ese proyecto.
La inquietud surge tras una orden que giró el Ministerio de Salud, en enero pasado. En ella advierte sobre la posibilidad de declarar inhabitable todo el condominio si el desarrollador GVL Akary–Grupo Vila no construye la planta para aguas negras antes de julio.
“Es necesario que se tramiten los permisos para evitar que, por posponer la construcción, la autoridad sanitaria declare inhabitable todo el condominio”, dijo la ministra de Salud, Daisy Corrales.
Sin embargo, los vecinos denuncian que no han recibido notificación del desarrollador ni avances de la obra sanitaria en el sitio.
“Nos sentimos engañados. Hay incertidumbre en las 200 familias por el miedo a ser desalojados. Hay gente que aún tiene deudas con el banco y el director de la obra sigue sin decirnos nada”, dijo Luciano Machado, líder en el condominio.
El 1.° de julio del 2013, el Ministerio de Salud dio una orden que obligaba a suspender cualquier tipo de construcción hasta que no se colocara la planta de tratamiento.
El oficio daba un plazo de seis meses para que el encargado de la construcción conectara las viviendas a la nueva obra sanitaria. En ese entonces, el director del proyecto, David Segura, apeló la orden de Salud y se negó a la construcción.
Con la nueva directriz, Segura dijo que Grupo Vila ya se encuentra implementando diversas acciones con el fin de cumplir la orden que dictó el Ministerio de Salud.
“Siempre ha sido una prioridad desarrollar condominios que se apeguen al ordenamiento jurídico. No podremos avanzar en la construcción hasta tanto no tengamos los permisos”, dijo Segura.
Anomalías. El expediente de denuncias de los vecinos se inició desde el 2011, sin que las autoridades logren concretar soluciones.
Un informe presentado por el ingeniero Bernardo Mora, regente ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), también advirtió, en el 2012, sobre riesgos sanitarios en Vila del Lago.
“Las unidades utilizadas en este condominio no son un sistema adecuado para el tratamiento de las aguas residuales de los afiliados, dado que presenta problemas técnicos y un impacto ambiental y para la salud”, concluye Mora.
La Unidad de Rectoría de la Salud de la Región Central Norte también señala que, tras pruebas de coloración en el agua, se comprueba la mezcla entre las aguas residuales y pluviales.
“Se observan tanques saturados de excremento humano y están ubicados en la cochera de las casas, de donde salen los malos olores”, dice el informe elaborado por la doctora Marianela Ramírez.
La última orden sanitaria fue notificada el 28 de enero. De acuerdo con el director del proyecto, David Segura, el costo aproximado para la instalación de una nueva planta es de $800.000.
La Sala Constitucional también ordenó a Grupo GVL Akari el pago de costas, daños y perjuicios en favor de los vecinos.
“No podríamos adelantar criterio sobre el tema de daños, perjuicios y costas. El tema aún está siendo debatido por abogados”, concluyó el director del proyecto.