Un grupo de funcionarios del TSE se instaló ayer en las oficinas del Movimiento Libertario (ML), en Los Yoses, Montes de Oca, para auditar las finanzas de este partido político durante al menos dos meses y medio.
La intención del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) es examinar con lupa los ingresos y gastos de la agrupación, tanto en tiempos de campaña como en periodos no electorales.
De ese trabajo se encargarán cuatro funcionarios enviados por el TSE a la Casa Libertaria.
Rónald Chacón, jefe de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal, prevé que el resultado preliminar de la auditoría estará listo a principios de julio, aunque el equipo podría pedir más tiempo.
La auditoría sobre el Movimiento Libertario tomará en cuenta los ¢4.000 millones que esta agrupación aseguró haber gastado para las elecciones nacionales de febrero del 2010. Sobre ese dinero, el TSE verificará tanto el origen como el destino que se le dio a los recursos.
Además, se revisará el manejo de los ¢623 millones que el partido reportó como gasto para las elecciones municipales de diciembre pasado.
Además de examinar la documentación financiera, el Tribunal podrá apoyarse en insumos como los estados financieros publicados por el grupo político en octubre, sus reportes periódicos sobre operaciones económicas y las liquidaciones de gastos de campaña.
Esta es la primera vez que el Tribunal revisará la forma en que los partidos políticos manejan sus finanzas.
Además del Libertario, el TSE auditará a otros cinco partidos. Se trata de los mayoritarios Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como los cantonales Curridabat Siglo XXI y Yunta Progresista Escazuceña.
Este tipo de revisiones fueron autorizadas mediante la última reforma al Código Electoral, aprobada en el 2009.
Además de recibir dinero estatal para sus gastos de campaña, ahora los partidos disponen de recursos públicos para financiar sus gastos ordinarios de organización y capacitación.
En conjunto, las agrupaciones disponen de un fondo estatal de unos ¢2.000 millones para los próximos tres años.