El auditor del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Reynaldo Vargas, reveló ayer en el Congreso el método con el que el Estado pagó ¢21.500 millones para la construcción de la trocha 1856.
“Contrataban a las empresas. ¿Cómo? No estamos claros cómo elegían a los proveedores”, dijo.
El funcionario señaló que los “controles fueron muy débiles”.
“Hacían un expediente con la factura, firmaban la factura, firmaban los informes de control diario (...), tenían un expediente con los datos de las empresas, informes de la Caja, del INS”, agregó Vargas.
El auditor explicó que estas facturas pasaban a manos del exdirector del Conavi Carlos Acosta, quien enviaba a la Dirección Financiera una resolución con el cobro de los servicios.
El cobro se realizaba mediante una “oficina de emergencia” conformada por Acosta, el ingeniero encargado de la obra, Manuel Serrano, y el abogado Manuel Brenes, sin que medien más controles que la firma del encargado de la obra, en este caso, el ingeniero Serrano. A ellos se les intentó contactar ayer, pero no fue posible localizarlos.
Vargas sostuvo que la unidad ejecutora del proyecto no le facilitó la información suficiente a la auditoría cuando la solicitó.
Entre el 2010 y el 2011, el Conavi pagó ¢21.500 millones por las obras para abrir un camino paralelo al río San Juan, cerca de la frontera con Nicaragua, bajo un decreto de emergencia que emitió el Poder Ejecutivo.
La obra surgió como una respuesta del Gobierno ante las diferencias con Nicaragua por el uso del río San Juan.