El plenario legislativo aprobó esta tarde la reforma constitucional para aumentar la inversión estatal en educación y pasarla del 6% al 8% del Producto Interno Bruto.
El plan se discutió con el expediente 15638 y modifica el artículo 78 de la Constitución Política.
La reforma a la Carta Magna implica una obligación al Gobierno para que presupueste los recursos (cerca de ¢400.000 millones) en el sistema de educación pública.