El 8 de abril del 2010 los directivos de la CCSS aprobaron un acuerdo que, un año después, sería utilizado en dos demandas contra la misma institución.
El acuerdo firmado ese día pretendía conciliar ante una demanda interpuesta por la notaria Andreína Vincenzi Guilá, y, para ello, anuló el oficio que despedía a todos los notarios externos que no habían ganado un concurso de licitación pública.
El artículo 15 de la sesión 8435 fue declarado “confidencial” ante el público y su contenido tampoco fue notificado a los abogados de la Caja que litigaban contra los notarios despedidos.
La información llegó, sin embargo, a conocimiento de los despedidos, quienes utilizaron ese acuerdo para reclamar su reincorporación a la entidad.
Uno de esos casos es el del diputado y secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Antonio Calderón Castro.
En su defensa, el abogado de Calderón Castro presentó como prueba el acuerdo tomado por la directiva de la Caja.
El tribunal acogió su argumento y aprobó medidas cautelares a su favor para que se le restituya como notario mientras el juicio se resuelve.
Consultado sobre el tema, Calderón afirmó que, a pesar de esa decisión judicial, aún no ha sido restituido plenamente como notario externo de la Caja.
“Yo, por mi posición, he tratado de manejar esto judicialmente. Desde que el tribunal acogió las medidas no me han asignado nuevos casos”, dijo el legislador.
El defensor de Calderón, Enrique Rojas Franco, señaló que su cliente debería recibir igual trato que Vincenzi.
“Yo argumenté que si se había conciliado con la señora Vincenzi, por qué no se había conciliado con don Antonio (Calderón)”, argumentó Rojas Franco.
En otras cuatro demandas en las que los notarios no presentaron esa prueba, el tribunal rechazó sus pretensiones.
Acuerdo desconocido. La confidencialidad del acuerdo debilitó la defensa de la Caja, ya que sus abogados continuaron litigando sin conocer que el despido de los notarios había sido anulado.
Un video del Poder Judicial registra que la abogada que defendió a la CCSS en el caso de Antonio Calderón conoció la existencia de ese acuerdo por boca de su contraparte, durante una audiencia.
Priscila Quirós, abogada de la Caja, confirmó que no fue notificada del acuerdo de junta directiva.
“El abogado hace ver al tribunal que desde hace tiempo se había anulado el oficio DFA-1691-2009, que era la comunicación que dejaba por fuera a todos los notarios, de modo que no podíamos reclamar la ejecutividad de un acto declarado nulo”, señaló la abogada.
Según Quirós, la decisión de los directivos no se comunicó al resto de los abogados de la Caja.
“Esto hizo que fuésemos a juicio, y algunos los ganáramos porque las partes no se enteraron, y en otros, los notarios externos ya se han enterado y vienen a reclamar el mismo derecho”, explicó.
El director jurídico de la Caja, Gílberth Alfaro Morales, alegó que los documentos y actas de la junta directiva son públicas y de retroalimentación para los abogados.
Sin embargo, este medio solicitó el acta de la sesión en la que se restituyó a Vincenzi y el artículo 15 se mantiene suprimido por contener información de carácter “confidencial”.
Destituidos y restituidos. Los notarios habían sido destituidos por orden de la Contraloría General de la República por haber sido contratados sin que ganaran una licitación pública.
Pero, la CCSS restituyó, mediante distintas modalidades, a nueve de los 35 notarios externos despedidos.
Dos de esos casos corresponden a demandas conciliadas y uno a la imposición de medidas cautelares.
Otros seis notarios fueron reincorporados tras apelar ante la Gerencia de Pensiones de la Caja.
La entidad compensó solo a uno de estos notarios, asignándole una cuota de nuevos casos.