La firma de 11 diputados en una consulta a la Sala IV llevó al presidente del Congreso a frenar la votación final del proyecto que reforma la ley de vida silvestre y prohíbe la cacería deportiva en el país.
La consulta planteada por los legisladores cuestiona el proceso que se le dio al proyecto de ley 17054 antes de su votación, el martes, en primer debate.
El trámite deja en suspenso el futuro del plan hasta que los magistrados se pronuncien al respecto.
El proyecto implica una serie de reformas a la actual ley de vida silvestre, a las que se opusieron la mayoría de los legisladores del Movimiento Libertario, especialmente en lo referente al tema de la prohibición de la cacería.
Sin embargo, los congresistas de esta bancada recalcaron que la consulta no tocaba ese punto.
¿Quiénes consultan? Los legisladores Ernesto Chavarría, Carlos Góngora, Adonay Enríquez, Manuel Hernández, Damaris Quintana, Marielos Alfaro y Danilo Cubero, del Movimiento Libertario, más Wálter Céspedes, del PUSC, Joaquín Porras, del PASE, y los liberacionistas Víctor Hugo Víquez y María Ocampo.
La diputada libertaria Patricia Pérez recalcó que ella apoya el plan y, por eso, lo votó a favor y no firmó la consulta con sus compañeros, y que esto lo dejó claro en la reunión de la bancada ayer mismo.
El freno se dio, pese a que, el martes, el presidente legislativo, Víctor Emilio Granados, había dicho que el proyecto se votaba, aunque hubiese consulta a la Sala IV.
Granados rectificó ayer su resolución y, en acuerdo con siete de los ocho jefes de fracción, decidió parar la discusión ante la gestión presentada ante la Sala.
“El criterio de Servicios Técnicos es que podíamos ponerlo a votación, aunque hubiese consulta. Sin embargo, en reunión de jefes de fracción y con el consenso de siete de las ocho fracciones, concluimos que era mejor evitar votarlo en segundo debate, si se presentaba una consulta para blindarlo”, expresó.
“Estoy convencido de que no se ha violado ningún procedimiento. Por fondo y forma está bien tramitado, y dudo muchísimo que sea declarado inconstitucional, pero certeza absoluta no podemos tener con la Sala, menos en un procedimiento nuevo”, expresó José MaríaVillalta, de Frente Amplio.
Trámite frustrado. El plan tiene un trámite especial en el Congreso, en vista de que se presentó bajo el método de iniciativa popular, con el respaldo de 177.000 firmas, cuya recolección fue impulsada por la organización no gubernamental Apreflofas.
La Ley de Iniciativa Popular permite a los ciudadanos presentar proyectos de ley con el respaldo de, al menos, el 5% del padrón electoral (unas 135.000 firmas). Al entrar con este mecanismo, el proyecto tiene un plazo máximo de votación de dos años, el cual se cumplió la semana pasada.
“La voluntad de la mayoría del Parlamento es que se apruebe, y todavía hasta pocos minutos antes de que se entrara a discutir el proyecto nos enteramos de la consulta”, finalizó Granados.