Como “razonablemente aceptable” consideran en la Junta de Administración Social (JPS) el estado de las tumbas de los exmandatarios en el cementerio General, lugar que administran.
La JPS es la administradora de ese camposanto. La encargada de prensa, Elizabeth Badilla Calderón, respondió a consultas de La Nación sobre el deterioro de las tumbas recordando que, según el artículo 7 de la ley de cementerios, “es obligación de los dueños, arrendatarios o encargados mantener en buen estado de ornato y conservación las parcelas, mausoleos, tumbas y demás sitios particulares en los cementerios”.
A pesar de que la JPS gasta anualmente ¢43 millones en seguridad para el cementerio, los robos y daños a tumbas (no solamente de expresidentes, sino en general) sigue siendo problema.
Marvin Araya, trabajador independiente en el cementerio, confirmó el vandalismo.
“En las mismas noches que robaron la placa de la tumba del expresidente Mora se robaron 36 argollas de bronce italiano de otras tumbas”, manifestó Araya.
La compañía privada que contrató la JPS para cuidar el camposanto, Sevin S. A., no informó del robo a pesar de que el contrato la obligaba, según dijo la JPS, la cual además aseguró que se repondrá la placa de Mora y todo objeto del que se pruebe su robo.
Responsabilidad del Estado. Para Sandra Quirós, directora del Centro de Patrimonio del Ministerio de Cultura, si los dueños de las tumbas o los familiares no le dan el mantenimiento adecuado a las sepulturas, es obligación del Estado hacerlo.
Quirós explicó que el Ministerio de Cultura entregó un inventario completo del cementerio General a la JPS y le explicó el valor histórico y artístico de este camposanto.
“Ahí no solo reposan expresidentes, sino también beneméritos, científicos, escritores. Hay obras de arte muy valiosas, y todo está inventariado”, dijo Quirós.
“Si los familiares no le dan mantenimiento a la tumba es obligación del Estado hacerlo, porque el sitio es patrimonio y la ley lo obliga a protegerlo”, recalcó la funcionaria.
Familiares de exmandatarios consultados por La Nación aceptaron tener parte de la responsabilidad por los cuidados básicos de las tumbas, pero reclamaron falta de seguridad para evitar robos.
“La tumba de don Juan Rafael Mora ni siquiera es de de la familia, fue un regalo del Estado. Nosotros pagábamos el mantenimiento, algo que creo que ya nadie de la familia hace, pero lo que pasó ahí no fue falta de mantenimiento, fue un robo”, recordó Marissya Pinto, tataranieta del prócer nacional Juan Rafael Mora Porras, quien gobernó entre 1849 y 1859.