Andrea Rizzi, El País
Que el cielo observe nuestras conductas ya no es solo una cuestión de fe. Pequeños vehículos aéreos no tripulados (drones) equipados con instrumentos de vigilancia de gran precisión sobrevuelan no solo algunos escenarios de zonas en conflicto, sino también la vida civil cotidiana de muchos ciudadanos.
El director del FBI, Robert Mueller, reconoció el pasado 19 de junio ante el Congreso estadounidense que su agencia ya los utiliza para tareas de investigación en el espacio aéreo nacional.
“Muy esporádicamente”, precisó. Pero, tras las recientes revelaciones sobre los masivos e indiscriminados registros de comunicaciones practicados por el espionaje estadounidense y autorizados por los jueces locales, la precisión de Mueller no resulta totalmente tranquilizadora.
Desarrollados por la industria de Defensa para fines militares, estos aparatos no tripulados tienen aplicaciones civiles que se perfilan extraordinariamente útiles tanto para organismos públicos como para privados.
Equipos de distintas dimensiones y características pueden desempeñar con gran eficacia tareas de detección temprana de incendios, vigilancia y cuidado de terrenos agrícolas (necesidades de riego, lanzamiento de fertilizantes o insecticidas, etcétera), inspección de la seguridad de infraestructuras como oleo y gasoductos, control de fronteras, misiones científicas, transporte de mercancías o cobertura de asuntos de interés mediático. Las posibilidades son realmente infinitas y permiten ahorrar costes e incluso vidas humanas.
Estos aparatos pueden ser muy pequeños, muy precisos y muy baratos, con lo cual podrían utilizarse de manera masiva y sin ser apenas percibidos. Algunos modelos pesan menos de un kilogramo y cuestan pocos miles de euros.
Falta regulación. De momento, el uso de estos aparatos por parte de usuarios privados no está regulado en la mayoría de los países occidentales.
Y en sustancia son dos los aspectos que hay que regular: el código de conducta que discipline cómo estos aparatos pueden utilizar el espacio aéreo; y los requerimientos a fabricantes, operadores, empresas de mantenimiento, etcétera, para garantizar la seguridad de los mismos.
Desde ya existe una intensa presión de la industria del sector y de los potenciales beneficiarios para que se liberalice su uso; pero también hay cuestionamientos al respecto.
En Estados Unidos, por ejemplo, mientras el Congreso ha requerido a las autoridades aéreas que fijen las reglas de esa liberalización para septiembre de 2015, Eric Schmidt, presidente ejecutivo de Google, ha pedido que se prohíba el uso privado de estos aparatos mediante tratados internacionales aduciendo que pueden suponer un gran riesgo para la privacidad y la seguridad.
Mario Mairena, responsable de relaciones gubernamentales de la Asociación Internacional para Aparatos Aéreos no Tripulados (AUVSI, en sus siglas en inglés), sostiene que “la legislación vigente representa una garantía suficiente” para respetar la privacidad de los ciudadanos.
“Nosotros estamos por supuesto a favor del respeto absoluto de la. Quienes la violen tienen que responder”.
Aclara además que los aviones no tripulados “no representan de por sí una revolución en la tecnología de la vigilancia: estos sistemas tecnológicamente sofisticados ya se usan en aparatos tripulados. La única diferencia es que el operador está en tierra”.