Representantes legales de las víctimas de la tragedia del puente de Turrubares exteriorizaron ayer su malestar con la acusación que planteó la Fiscalía, que eximió de responsabilidad a a Karla González, exministra de Obras Públicas y Transportes.
La acusación también excluyó a Alejandro Molina, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), y a Benjamín Sandino, extitular de Conservación Vial.
La caída del puente ocurrió el 22 de octubre del 2009. Cinco pasajeros de un autobús murieron y 38 resultaron heridos.
Rafael Rodríguez, quien representa a las familias de los fallecidos y a un grupo de los lesionados, anunció que se opondrá a la solicitud de sobreseimiento a favor de González, Molina y Sandino.
“Mantendremos nuestra querella en la cual se acusa a todos los exfuncionarios que consideramos son responsables del hecho (incluidos González, Molina y Sandino), así como las acciones civiles contra el Estado y los querellados”, enfatizó Rodríguez.
Los delitos que se investigan –agregó el abogado– son “culposos”, por lo que “no es necesario demostrar el dolo”, como argumentó la Fiscalía para modificar la acusación inicial en la que sí figuraban los tres funcionarios del MOPT
Hendrix Gutiérrez, abogado de 12 de las personas heridas, dijo que la acusación inicial “fue manoseada”. “Es lamentable ver la clase de injerencia política dentro del Poder Judicial”, manifestó.
La Fiscalía acusó de incumplimiento de deberes a María Ramírez, exjerarca de la Dirección de Puentes del MOPT, y de cinco homicidios culposos al chofer del autobús ,Víctor Manuel Salas.