En un esfuerzo por reducir el hacinamiento en las cárceles, los diputados tienen en estudio un plan que sacaría a unos 4.000 reos a la calle, con un brazalete electrónico para controlar sus movimientos.
Ese plan, elaborado con aportes de la Defensa Pública y Ministerio de Justicia y Paz, se encuentra en trámite de primer debate en la Comisión Plena Tercera de la Asamblea Legislativa y fue puesto en conocimiento de la Corte Plena para que se pronuncie.
El Proyecto Ley de Mecanismos Electrónicos de Seguimiento en Materia Penal, expediente N.° 17.665, pretende regular el uso de la pulsera electrónica como alternativa a la prisión preventiva o como sustituto de una sentencia privativa de libertad.
La pulsera es un dispositivo móvil, parecido a un reloj, que se acopla a la muñeca o tobillo de la persona, cuyos desplazamientos son seguidos por un satélite que transmite señales al centro de control.
De esa manera, si se incumple un arresto domiciliario o si la persona circula en un área restringida establecida para que no se acerque a la víctima, el dispositivo emitirá una alerta a la Policía.
Beneficiarios. El proyecto facultaría al juez a imponer el brazalete, previo estudio del Instituto Nacional de Criminología (INC), en ciertos casos. Por ejemplo, a los condenados por primera vez a una pena de seis años de cárcel o menos. Según cifras de Adaptación Social, al 4 de julio del 2012, 3.569 reos primarios descontaban penas de hasta seis años de prisión.
Los otros supuestos abarcan mujeres sentenciadas a seis años de prisión y con hijos menores de 18 años, mujeres embarazadas y con hijos menores de 24 meses de edad. A la fecha, según Justicia, la cifra de mujeres en prisión que tienen hijos menores es de 510.
El proyecto contempla que podrán usar el brazalete los reclusos con enfermedad física, adictiva o psíquica, así como los casos de enfermedad que no puedan ser atendidos en prisión.
Las cifras de esos últimos supuestos no fueron suministradas porque se indicó que los reos con enfermedades varían a diario. Sin embargo, a la fecha hay 74 privados de libertad enfermos que están fuera de la prisión.
El plan también incluye los indiciados por cualquier delito, a quienes se les dictarían medidas cautelares en libertad con vigilancia electrónica. Al 3 de marzo, había 3.259 indiciados en prisión.
Reacciones. Lilliana Rivera, viceministra de Justicia, señaló que al plan hay que hacerle ajustes para que sea viable. Por ejemplo, fijar plazos máximos para el uso del brazalete y definir parámetros de evaluación en los dictámenes del INC.
Marta Iris Muñoz, directora de la Defensa Pública, celebró que los poderes Ejecutivo y Legislativo hayan logrado un “consenso histórico” con un proyecto que, según dijo, propone una “modalidad de ejecución de la pena con alto control jurisdiccional”.
Uno de los más críticos al proyecto es el magistrado de la Sala Tercera, Carlos Chinchilla. El juez catalogó como “peligrosa” la posibilidad de que “la pena de prisión sea sustituida por un brazalete”.
Luis Gerardo Villanueva (PLN), presidente de la Comisión Plena Tercera, consideró que esa sustitución debería darse solo en “situaciones excepcionales”.