Una situación iniciada el miércoles por problemas con un disco compacto (CD) desembocó ayer en la apertura de una investigación administrativa que abarca las actuaciones de dos jueces del II Circuito Judicial de Goicoechea, San José.
La orden de liberar a 12 policías sospechosos de narcotráfico, por las supuestas fallas en el CD, motivó al Tribunal de la Inspección Judicial a abrir el procedimiento.
El miércoles pasado, la jueza del Tribunal Penal de Hacienda, Vivian Coles, ordenó la libertad de los oficiales y de un particular porque, a su criterio, el CD no tenía grabada la audiencia en la que el juez penal, Christian Calvo, les prorrogó la prisión preventiva por cuatro meses.
La audiencia fue oral y, por eso, se registró en audio y video, y no en papel. En ese tipo de diligencias, el juez tiene la responsabilidad de velar porque se haga la grabación.
La jueza Mercedes Muñoz, coordinadora del Juzgado Penal de Goicoechea, aseguró ayer que el disco remitido al Tribunal sí tiene la grabación y que esta “es legible” (sic).
Agregó que en el Juzgado Penal hay un respaldo de la audiencia que el Tribunal no solicitó de manera oficial.
Rodrigo Flores, presidente del Tribunal de la Inspección Judicial, explicó que la pesquisa se abrió de oficio ante “la posibilidad de que existieran hechos irregulares”.
La investigación pretende aclarar si los involucrados en el proceso, incluyedo a los jueces Calvo y Coles, siguieron los protocolos que rigen las audiencias orales.
Los oficiales de la Fuerza Pública fueron detenidos en febrero como sospechosos de conformar una organización dedicada al robo y tráfico de droga.
Molestia. El fiscal general, Jorge Chavarría, dijo ayer que la decisión de la jueza fue “arbitraria” y “sin fundamento”. Añadió que la funcionaria judicial no agotó las opciones que había para resolver el problema con el disco antes de dar la orden de libertad.
Para evitar que los sujetos salieran de la cárcel, la Fiscalía pidió ayer una audiencia urgente ante el Juzgado Penal de Goicoechea, con el fin de solicitar de nuevo la prisión preventiva.
Anoche se desconocía el resultado de la diligencia.
La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y Narcotráfico ordenó la detención de los imputados, que ayer permanecían en las celdas judiciales.
El abogado Edilberto Escobar, defensor de dos de los policías sospechosos, afirmó que la detención de sus clientes es ilegal.
Alegó que debía acatarse la orden del Tribunal Penal para dejarlos libres.
“Los policías no tienen nada que ver con actividades de narcotráfico de las que habla la Fiscalía. No hay pruebas contra ellos. La jueza (Coles) fue valiente por hacer lo que era correcto. Otros han sido temerosos”, afirmó Escobar.