El Tribunal de la Inspección Judicial abrió anteayer una investigación a la jueza Yorleny Campos Campos, que liberó el jueves a seis personas detenidas en Puntarenas por supuesto narcotráfico local bajo la promesa de portarse bien.
La funcionaria del Juzgado Penal de Puntarenas les impuso, además de esa caución juratoria, el impedimento de salida del país y firmar cada 15 días ante la Fiscalía. Entre los imputados figuran el supuesto líder de la banda, un hombre apellidado López (49 años), y su compañera sentimental (47), con el mismo apellido.
La Policía había detenido también al hijo de la mujer, de apellido Montoya, que supuestamente colaboraba con ellos.
Los otros sospechosos son de apellidos López y Lara, y una mujer apellidada Thomas.
La Inspección Judicial inició de oficio la gestión después de que varios medios de prensa informaron sobre esa resolución judicial que, según la Fiscalía, carece de los criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad.
Según el Ministerio Público, había elementos probatorios suficientes para dictar la prisión preventiva: entre ellos, interceptación de llamadas, vigilancias y compras que se realizaron durante seis meses. El lunes será la apelación de la medida que dispuso la libertad.
Los imputados cayeron en los barrios Los Almendros y Juanito Mora, Barranca, Puntarenas. En este último barrio, al parecer, la banda operaba en un bar clandestino donde vendía licor y drogas.
En el caso de Lara y Thomas, la Fiscalía indicó que tienen antecedentes por delitos de tráfico de drogas. Añadió que Thomas tiene pendiente un juicio por narcotráfico y Lara arrastra una condenatoria por venta de estupefacientes.
A pesar de esos antecedentes y de que la Policía asegura que los imputados no tienen trabajo fijo, alega la Fiscalía, la jueza penal los dejó en libertad.
Los sospechosos dijeron en la audiencia que se dedicaban a vender camarones.
Investigación. La Oficina de Prensa del Poder Judicial señaló que la investigación se abrió “con el fin de explorar si hubo alguna irregularidad o error grosero, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.
Ese artículo establece: “En casos de retardo o errores graves e injustificados en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial, sin más trámite, deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena, para que esta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la permanencia, suspensión o separación del funcionario”.
Hasta el momento, la Inspección Judicial no ha recibido ninguna otra queja formal. Sin embargo, Tatiana Chaves, fiscala adjunta de Puntarenas, aseguró que pronto la presentarán.
La jueza Campos respondió en un correo: “Para la imposición de cualquier medida cautelar, deben existir elementos de convicción para sostener razonablemente que el imputado es autor o partícipe. Este es un requisito indispensable. En el presente caso, se estableció que dicha probabilidad existe. Sin embargo, se compartió parte de los cuestionamientos de la defensa en relación con la fuerza probatoria de los elementos de convicción que se analizaron”.