El Tribunal de la Inspección Judicial encontró un “grave error” en la resolución que otorgó el beneficio del arresto domiciliario a dos supuestos narcos mexicanos, tras el pago de ¢10 millones de fianza, el pasado 16 de mayo.
Según ese tribunal, el error en la decisión de la jueza Kattia Jiménez Fernández, del Tribunal Penal de Pavas, fue porque ella no consideró algunos aspectos que tenía en conocimiento al momento de emitir el fallo.
La Inspección Judicial descartó que la jueza Jiménez hubiese incurrido en un acto de corrupción al dictar la resolución que beneficiaba a los mexicanos, de apellidos Mendoza y Martínez.
Sin embargo, señaló que esa decisión lesionó la imagen del Poder Judicial, pues afectó la credibilidad que tienen los ciudadanos en dicha institución.
Al resolver casa por cárcel, la jueza estimó que la Fiscalía había tardado en la investigación, y que el riesgo de fuga podía neutralizarse con medidas alternas a la prisión preventiva.
Los mexicanos serían trasladados desde Máxima Seguridad, en La Reforma, hasta un condominio, en La Sabana, pero, debido a la protesta de los inquilinos, el dueño optó por rescindir el contrato. Luego, los sujetos cambiaron el domicilio a una casa en Goicoechea, pero los vecinos se manifestaron en contra e, incluso, cerraron las calles, por lo que esta nueva opción tampoco se hizo realidad.
La Fiscalía apeló la resolución, por lo que la misma jueza varió su decisión el 13 de junio en otra audiencia, y ratificó la prisión preventiva para los reos mexicanos.
El Tribunal de la Inspección Judicial abrió de oficio la investigación hace dos meses , y elevó el caso a la Corte Plena, el 20 de julio, para que determine si aplica, o no, el régimen disciplinario a la jueza.
Rodrigo Flores, presidente del Tribunal, apuntó que los magistrados tienen un mes para resolver. Sin embargo, Jiménez presentó un recurso de amparo que impide a la Corte decidir.
Adriana Orocú, presidenta de la Judicatura, manifestó que cualquier resolución de un juez se discute dentro del mismo proceso, y no en una causa disciplinaria, porque esto afecta la independencia de los jueces.