Liberia, Guanacaste. Tres ladrones de carros pasarán nueve años de prisión, cada uno, según decidió el Tribunal Penal de Liberia.
Los jueces Mario Alberto Guido, Rodrigo Campos y José Luis Salazar condenaron ayer a Fabián Francisco Salas Herrera, Álvaro Steven Fernández Cabrera y Géiner Baltodano Sojo.
Tras cinco días de debate, a ellos se les involucró con varios delitos de hurto y robo agravados perpetrados en los cantones de Cañas, Tilarán y Abangares entre mayo del 2010 y marzo del 2011.
A Salas se le sentenció por tres hurtos agravados a tres años de prisión por cada delito.
Fernández y Baltodano estarán tres años tras las rejas, cada uno, por un hurto agravado y seis años por un robo agravado. En total, cada hombre recibió nueve años.
Dos sujetos más, apellidados Badilla y Loría, fueron absueltos por el principio in dubio pro reo (en caso de dudas, se beneficia al reo).
La Fiscalía había señalado que los imputados se robaron ocho vehículos. El modo de operar era el siguiente: los implicados, quienes residían en Guápiles –provincia de Limón–, viajaban de noche a través de San Carlos hacia Tilarán y empezaban allí con los robos de los automotores.
Luego se dirigían a Cañas y, finalmente, a Abangares. Después, se encaminaban hacia Heredia y regresaban a Guápiles, Pococí, en horas de la mañana.
Los robos se hacían en horas de la madrugada y sustraían vehículos de distintas marcas, modelos 90, y luego los desmantelaban para vender sus piezas como repuestos.
Ninguno de los autos robados fue recuperado por las autoridades judiciales.
Llamadas. El Ministerio Público sustentó su acusación en que cada vez que los acusados usaban sus teléfonos celulares, se activaban las radiobases instaladas en los cantones donde cometían los ilícitos.
Roy Piña, agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas, quien estuvo a cargo de la pesquisa, rindió declaración en el juicio en Liberia.
Según manifestó, durante mayo del 2010 y marzo del 2011 se reportaron más de 30 robos de vehículos en aquellos cantones de la altura guanacasteca.
Luego de la detención de la banda, en junio del 2011, los casos se redujeron notablemente, aseveró. Este hecho fue un indicio para sospechar que los detenidos participaban en los robos.
Para los jueces del Tribunal, la prueba directa e indiciaria contra los sentenciados fue suficiente.
Por ejemplo, señalaron que no había ninguna razón de peso para justificar la estadía de estas personas en los lugares donde se produjeron los robos, según los registros de las radiobases.