Un asistente del Juzgado Agrario de Corredores, un abogado particular y una empresaria fueron detenidos como sospechosos de falsificar una sentencia para inscribir una finca.
El arresto lo ejecutaron agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía de Corredores, la tarde del viernes en tres allanamientos efectuados en Laurel y en el barrio Doce de Octubre, en Corredores, así como en San Juan de Tibás, San José.
Los presos son un asistente judicial, de apellido Díaz y 31 años; un abogado de apellido Gómez, de 46 años, y una empresaria de apellido Panameño, de 60 años.
A los tres, el Ministerio Público les abrió una causa por los delitos de falsedad ideológica (introducir datos falsos en un documento público), uso de documento falso y estafa procesal, confirmó ayer Guillermo Hernández, fiscal general interino.
Hecho. Esta investigación comenzó el 31 de agosto del 2010, cuando el juez penal agrario de Corredores, Juan Gutiérrez Villalobos, denunció que la causa (09-000213-419-AG), acerca de un litigio por una propiedad, fue archivada, pero con el tiempo apareció una sentencia firmada por la jueza agraria Maricela Zamora Arias.
Dicho fallo judicial se emitió cuando la jueza se encontraba de vacaciones, según la denuncia.
Para el Ministerio Público, la firma de la jueza fue “falsificada” y eso permitió la inscripción de la propiedad, que, al parecer, pertenecía al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).
La Nación constató ayer en el Registro Nacional que se trata de una propiedad en Aguabuena de Coto Brus. La finca mide 154.149 metros cuadrados, tiene un valor estimado en ¢20 millones y aparece inscrita a nombre de una sociedad, en la cual la empresaria Panameño se consigna como secretaria.
El terreno fue inscrito el 12 de julio del 2010 y en este momento existe un gravamen por el proceso penal 10-202045-0456-PE, que se inició el 4 de marzo en Corredores.
El fiscal Hernández dijo que lo más grave del hecho es que esa finca fue inscrita en el Registro de la Propiedad mediante la utilización de unas boletas especiales que tiene el Poder Judicial. “El Registro solo inscribe las fincas con esas boletas y se usa como una medida de seguridad”, dijo el Fiscal.
Durante los allanamientos se encontró evidencia que fue calificada como muy importante para la investigación. Entre lo decomisado están computadoras, sentencias y otros documentos.
Incluso, las autoridades no descartan que en los próximos días aparezcan otros casos similares al de esta propiedad.
Los imputados fueron indagados durante la tarde de ayer y anoche se esperaba realizar una audiencia para determinar el tipo de medidas a imponer.
La Fiscalía anunció que pediría prisión preventiva.
Los abogados Luis Eduardo Venegas y Luis Guillermo Araya, defensores de Gómez y Díaz, respectivamente, consideraron poco probable que se dictara prisión pues no “hay prueba directa”.