Trabas administrativas y de índole tecnológico retrasan la puesta en marcha del centro de intervenciones telefónicas, contemplado en la la Ley contra la Delincuencia Organizada, aprobada en junio del año anterior.
La queja la expuso ayer el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Paulino Mora Mora, quien puntualizó que en esa situación inciden factores como la adquisición del tipo de tecnología que se va a usar y el giro de los dineros prometido por el Gobierno.
Mora dijo que para instalar el centro –lo cual involucra al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y el Instituto Costarricense contra las Drogas (ICD)– el Poder Judicial ya tiene construido el edificio donde estarán los equipos y que desde inicios de este año se nombró a los 11 jueces que laborarán a tiempo completo en las escuchas telefónicas.
“Yo diría que estamos en un 80% preparados con las instalaciones, el cableado para conexiones de fibra óptica y el sistema satelital”, expresó Mora, “pero resulta que ahora nos dicen que hay otros requerimientos para el edificio que construimos con las especificaciones que nos dieron”.
La queja la planteó en una conferencia de prensa para dar a conocer los logros obtenidos en el año.
Descargo. Las expresiones de Mora las rechazaron ayer mismo Mauricio Boraschi, viceministro de la Presidencia, y Carlos Alvarado, director general del ICD.
Ambos adujeron que lo que hay es un tiempo de espera para hacer ajustes presupuestarios y para rediseñar el edificio donde estarán los equipos de cómputo, así como para la adquisición de tecnología.
Es cierto que el edificio que construyó la Corte en San Joaquín de Flores, Heredia, está terminado, admitió Alvarado, pero “es una construcción liviana” apta para oficinas. Sin embargo, para el centro de intervenciones se requiere otro local “con mayor seguridad” para ubicar los equipos.
Manifestó que se está a la espera de que los arquitectos presenten los planos para aprobarlos y comenzar con la obra.
Alvarado indicó que todavía no tienen el dinero para la compra de los programas tecnológicos, pero que esperan tener los recursos con una donación de un país amigo.
Entre tanto, Elberth Durán, vocero del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), declaró que desde un principio la institución ha estado comprometida cooperando con el proyecto y que, en tal sentido, se adquirieron, meses atrás, todos los equipos. Solo se está pendiente por definir “algunos ajustes” en la obra civil y otros estrictamente de carácter técnico, agregó.
También queda por suscribirse un convenio entre el ICE y el Poder Judicial para la operación de la plataforma, puntualizó.
El centro de intervención de las telecomunicaciones, según aquella ley, estará a cargo del Poder Judicial y deberá operar las 24 horas al día para llevar a cabo las intervenciones dictadas por todos los jueces del país.
Los 11 funcionarios nombrados para tal trabajo deberán ser los únicos que puedan oír las grabaciones y transmitir los datos a los fiscales e investigadores de la Policía Judicial.
En la actualidad, las escuchas las realizan los mismos jueces que ordenan las intervenciones, quienes no pueden apartarse de sus obligaciones normales y eso atrasa las pesquisas.