Un auxiliar del Tribunal de Juicio de Puntarenas, de apellido Díaz, quien afronta una acusación por presunta negociación de prueba esencial en una causa penal , fue suspendido del cargo.
El Consejo Superior del Poder Judicial lo separó por tres meses, con goce salarial, cuando conoció este caso en la sesión del 26 de junio pasado.
Según la Fiscalía, el técnico judicial sostuvo una conversación telefónica con un colombiano en la que se indicó que Díaz iba a desaparecer prueba del expediente en una causa contra una organización suramericana que se alió con policías para recibir, custodiar y trasladar cocaína aquí.
Además, indicó que el hecho denunciado ocurrió entre el 5 de julio y el 22 de diciembre del año pasado, cuando Díaz habló con un extranjero, de apellido Rodríguez y 29 años, para “extraviar” la prueba a cambio de un monto no especificado.
Incluso, existe un video grabado por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el que se observa al funcionario cuando conversaba en persona con Rodríguez, en el paseo de los Turistas, Puntarenas, y este último le da dinero.
Según registros de la Dirección de Migración, el colombiano ha venido ocho veces al país desde el 2004. El año pasado ingresó el 6 de octubre y salió el día 23 del mismo mes por Paso Canoas.
La Fiscalía informó de que Rodríguez está preso en Panamá por un delito con arma de fuego.
Este caso se suma a otras sanciones, condenas y causas disciplinarias contra funcionarios judiciales, vinculados con casos de narco.
Medidas cautelares. La Fiscalía presentó al auxiliar Díaz ante el Juzgado Penal de Puntarenas, el 21 de junio, y se le ordenó firmar cada ocho días en ese despacho y no salir del país durante tres meses, por existir peligro de fuga.
A pesar de que se había solicitado la separación del cargo, el juez penal de Puntarenas, Pablo Vargas (de 25 años de edad), decidió mantenerlo en sus labores.
Sin embargo, el Consejo Superior y la Inspección Judicial consideraron que era necesaria la separación temporal pues se abrió un expediente administrativo para investigar si los hechos configuran algún tipo de falta disciplinaria.
Randall Peraza, defensor público del auxiliar, aseguró que Díaz nunca desapareció prueba y que, incluso, 12 imputados por ese caso fueron condenados y dos recibieron la absolutoria.
“No hubo manipulación del expediente; los legajos siempre estuvieron ahí, en manos del Tribunal. La Fiscalía no le está acusando de haber intentado desaparecer prueba. Simplemente, hay un video que lo compromete.
“Nosotros alegamos la tipicidad de la conducta y, desde mi punto de vista, lo que la Fiscalía achaca solamente es la conducta. Nunca se le imputó el haber desaparecido prueba”, dijo.
Hubo condena. El caso en el que el colombiano habría solicitado desaparecer prueba del expediente, culminó en una condena contra siete policías, tres colombianos, un comerciante y un prestamista.
La pena la dictó el Tribunal de Juicio de Puntarenas el 12 de junio contra Yeison Chacón Rodríguez, Luis Alberto Porras Zeledón, Carlos Guillermo Carrillo Mora, Carlos Enrique Alpízar Molina, Oliver Rodríguez Campos, Greivin Picado Venegas y Erick Vindas Mora.
Los jueces también condenaron a tres extranjeros: Sandalio Bustamante Riascos (a 22 años), Andrés Rodríguez Orobio (a 20 años) y Nelson Minolta Estupiñán (a 20 años); al comerciante Ariel Lagos Campos (25 años) y al prestamista Gerardo Enrique Mora Villalta (22 años).
Además, absolvió a dos policías de apellidos Díaz y González, un hombre apellidado Montoya y al extranjero Reyes.