Un sujeto, de apellidos Rosales Venegas, es investigado por vender mediante Internet diversos tipos de licor que compraba en el Depósito Libre Comercial de Golfito.
Por ello, la Policía de Control Fiscal (PCF), del Ministerio de Hacienda, allanó este miércoles una casa en Desamparados, San José, así como dos bodegas en San Diego de La Unión, Cartago.
En las diligencias, se decomisaron más de 3.000 unidades de licor, etiquetas con datos de distribuidoras autorizadas en el país y códigos QR, los cuales se cree que fueron falsificados.
“Si bien esta modalidad de operar no es nueva, sí representa un reto para la investigación por el cuidado que los posibles infractores tienen en aras de evitar las acciones policiales, utilizando medios digitales y no espacios físicos.
“No obstante, las distintas diligencias de la investigación han permitido obtener evidencia suficiente para demostrar con alto grado de probabilidad la comisión de los posibles ilícitos”, afirmó Jacqueline Soto Rivel, directora de la PCF.
De acuerdo con ese cuerpo policial, el hombre tiene una empresa llamada Moko Licores, la cual se promocionaba por Instagram, Facebook e incluso un sitio web.
Sin embargo, de momento el sujeto no ha sido detenido, ya que no se encontraba en su vivienda durante el allanamiento.
De acuerdo con la Fiscalía de Desamparados, el producto comercializado por el hombre “carecía del etiquetado exigido por las autoridades de Salud y de rotulación que demostrara su ingreso lícito al país”.
“El sospechoso promocionaba el producto clandestino mediante un perfil de la red social Facebook, cuyos pagos los recibía mediante transferencias bancarias y las entregas las hacía a domicilio o en sitios públicos pactados con los compradores”, precisó el Ministerio Público en un comunicado.
A Rosales se le atribuyen los presuntos delitos de infracción a la Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas y a la Ley General de Aduanas.
Lo primero por comprar los licores para luego venderlos, debido a que la legislación establece en el artículo 49 que los bienes son exclusivamente de uso personal. Por ello se expone a una pena de entre uno y tres años de prisión.
En tanto, el segundo ilícito, que es el contrabando, ocurre por no reportar la actividad comercial a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) o a la administración tributaria, lo cual se castiga con una multa y con una pena de prisión de hasta cinco años.
La investigación en contra de Rosales se desarrolla dentro del expediente 20–000098–0276–PE.
De manera paralela, se abrió una investigación contra el hermano de Rosales, quien fue aprehendido, debido a que en el registro de la vivienda, al parecer, se encontró cocaína dosificada y en una cajeta, así como dinero en efectivo.
“Este caso será tramitado en un expediente aparte, con el apoyo de la Policía de Control de Drogas”, indicó la Fiscalía.
Información actualizada a las 4:49 p. m. con más datos.