2014
27 de abrilDos policías de la Fuerza Pública fueron detenidos en un bar en Cuatro Esquinas, Cariari, Pococí, en horas laborales y con uniforme. En la patrulla tenían una cerveza.
1.° de agostoUn oficial de la Fuerza Pública de Upala (Alajuela), de apellido Pizarro y de 27 años, fue detenido como sospechoso de dejarse ¢100.000 del pago de una pensión.
22 de agostoCinco agentes de Fuerza Pública de Alajuela también fueron detenidos como sospechosos de haber permitido la fuga de un hombre que permanecía preso por un robo.
Un policía de la Fuerza Pública, de apellido Alfaro (53 años), fue detenido ayer por utilizar datos secretos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para incluirlos en pesquisas de una empresa privada de seguridad.
El funcionario fue capturado en su vivienda en El Llano de San Miguel, Desamparados (San José), donde decomisaron evidencia para el caso.
Alfaro labora en el Ministerio de Seguridad Pública desde hace 28 años y se destacaba en la Sección de Dactiloscopía (Archivo Policial), por lo que tenía acceso al Expediente Criminal Único (ECU), un sistema que está conectado con la base de datos del OIJ.
De esa manera, el agente podía visualizar cierta información, como los antecedentes judiciales de cualquier persona y la cantidad de detenciones que ha tenido.
Allí también se encargaba de las reseñas de las personas, así como del manejo de la central de comunicaciones.
Según la oficina de prensa del OIJ, oficiales de la Sección de Fraudes se percataron de que Alfaro estaría utilizando los datos a los que tenía acceso para otras labores en una empresa de seguridad, la cual no fue identificada.
La Policía Judicial también allanó la oficina del sospechoso en la sede central del Ministerio de Seguridad Pública.
A la espera. Bernardita Marín, viceministra de Seguridad Pública, sostuvo que por el trabajo que realizaba, Alfaro tenía acceso a cierta información restringida.
“Estamos esperando qué va a dictar el juez y aquí a lo interno se abrirá una investigación. Llegaremos hasta las últimas consecuencias. Es importante considerar que somos respetuosos de que esto es una cuestión de prueba”, declaró la funcionaria.
La viceministra añadió que, en meses anteriores, se hizo una investigación similar a dos funcionarios del Archivo Policial, pero como no hubo elementos probatorios, no fueron sancionados.
Según dijo, en el Ministerio desconocían de la actividad privada de Alfaro. “Ellos reciben un incentivo de disponibilidad, que no les permite realizar otras funciones. No se puede ejercer otro puesto con funciones semejantes a las que le está pagando el Estado”.
La Fiscalía Adjunta de Fraudes confirmó que Alfaro fue indagado ayer en la mañana y se estaba a la espera de que se fijara fecha y hora para la audiencia de medidas cautelares.
Sin embargo, no se refirió a qué tipo de medidas solicitarían en contra del funcionario, en razón de que aún estaban a la espera de las pruebas recopiladas durante los allanamientos.
Al sujeto le atribuyen el delito de peculado, el cual se castiga con prisión de tres a 12 años, según el artículo 361 del Código Penal. Esa conducta se produce cuando el funcionario público sustrae o distrae dinero o bienes cuya administración, percepción o custodia le haya sido confiada en razón de su cargo.
Asimismo, se castiga con prisión de tres meses a dos años al funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella.