La compañía General Electric (GE) llegó a una conciliación con las familias de 56 pacientes de cáncer sobreirradiados con cobalto en 1996. Ellos la demandaron por $30,8 millones.
El arreglo extrajudicial fue presentado ante el Juzgado Tercero Civil de San José en noviembre del 2013, y un juez dio por terminado el proceso, lo que permitió evitar un juicio contra GE, domiciliada en Nueva York.
La división de GE Healthcare adquirió la corporación Thompson CGR Medical, que construyó la Alcyon II a principios de los años ochenta. En la demanda, las víctimas alegaron que GE fue la responsable de arreglar la bomba de cobalto que generó la sobreirradiación por la “conducta ilegítima, negligente e imprudente”.
“Producto de la mala calibración y recambio de la fuente de cobalto de la Alcyon II, muchos pacientes murieron rápidamente, se les agravaron las condiciones de enfermedad, recibieron quemaduras y sangrados internos, intensificaron dolores, daños físicos, agonía, angustia, irritabilidad, pesadillas y les afectó mentalmente de por vida como consecuencia directa de la sobreirradiación y la irresponsabilidad de GE”, señala el escrito.
En agosto del 2001, el radiofísico que manejó la máquina, Juan Cabezas Solera, recibió seis años de cárcel por 16 homicidios culposos, pues se le atribuyó el haber realizado una mala calibración de la bomba que afectó a 116 personas enfermas de cáncer, quienes recibieron más de la dosis de radiación en el Hospital San Juan de Dios.
El técnico estuvo preso un año y ocho meses y el resto lo cumplió en libertad. Las víctimas dijeron en la demanda que Cabezas es inocente.
Demanda. La semana pasada, Cabezas expresó a La Nación que él ha sido la única víctima del proceso y rechazó su culpa. Añadió que se enteró de que GE se reunió en diciembre del 2013 con las 56 víctimas o sus apoderados en el Hotel Villa Tournón y que cada una recibió un cheque por $6.000 (¢3 millones).
Esa conciliación lo tomó por sorpresa y anunció que demandará a GE por más de $10 millones, basado en que la sobreirradiación fue por el desperfecto de la Alcyon II, pues él cumplió con las especificaciones técnicas. Su abogado, Rafael Rodríguez, propuso en junio a GE que conciliaran, pero se negaron.
Édgar Odio y Mario Pacheco, abogados de GE, contestaron: “Si bien es cierto, GE llevó a cabo una conciliación para dar por finalizada la demanda que fue presentada en su contra, este hecho no conlleva, como equivocadamente ustedes interpretan, que hubiese admitido ser responsable por ese suceso tan lamentable”.
La Nación conversó con José Antonio Gómez, representante de las víctimas, pero dijo que tiene una cláusula de confidencialidad con GE. Por esto, la firma Pacheco, Odio & Alfaro, representante de GE, tampoco respondió consultas.
En la contestación de la demanda, GE señaló que ya en un juicio penal se evidenció que el estado electromecánico de Alcyon II nada tuvo que ver con el incidente.
Fernando Pérez, de 59 años, es una de las víctimas y dijo que los pocos sobrevivientes siguen mal de salud. “Yo agarré ese dinero para disfrutarlo ahora en paz y tranquilo. Es mejor aprovechar un poquito a querer un montón y con suerte no vaya a estar”, dijo.
María de los Ángeles Cordero, otra víctima, de 68, manifestó que la suma recibida fue “ridícula”. “Yo aún estoy deprimida. Sigo viva por la misericordia de Dios”, dijo. En el caso de Elí Alberto Solís, otro demandante, él sostuvo que ni siquiera sabía que a las víctimas les habían dado dinero en diciembre.