¿Qué le hace falta a la ley sobre uso de tobilleras?
Urge un informe interdisciplinario sobre la persona a la que se le brinda el beneficio. Es esencial porque así es como los jueces deducen si se trata de alguien peligroso.
¿Qué más?
Hay una disfunción porque, aunque se trata de un beneficio, hay personas con tobillera a las que se les deja encerradas, sin permisos de salir. Si se trata de personas que no son peligrosas, no se justifica la casa por cárcel.
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Como juez, ¿qué esperaría del informe?
Que se nos diga quiénes son esas personas, cuáles son sus vulnerabilidades, por qué se vio involucrada en ese hecho delictivo y qué ha pasado después de que lo cometió.
¿Qué perfil tienen los beneficiarios de tobilleras?
En su mayoría vienen de hogares de pobreza extrema, con oficios informales, sin educación o con escolaridad inconclusa y de condiciones muy adversas.
¿Eso afecta el proyecto?
Hubo un usuario que no tenía ni siquiera electricidad para cargar las baterías del dispositivo y, al quedarse sin señal, se expone a que se le revoque el beneficio.
En estos seis meses ¿qué otra experiencia ha visto?
La tecnología debería usarse para que cumplan su condena bajo el control del mecanismo, pero que se reincorporen a la sociedad, que puedan ir al trabajo o lugar de estudio porque si no, la gente empieza a enloquecer entre cuatro paredes. La abuela no entiende por qué el nieto está ahí, haciendo nada y no aporta a una casa donde la plata no alcanza.
¿Se da esa limitación?
Claro. Recientemente, Manuel Delgado, jefe de la Unidad de Vigilancia Electrónica, me llamó para gestionar un permiso provisional a un usuario de tobillera, pero la ley no me autoriza. Es un trámite que dura como una semana y a veces ellos pierden empleos por eso.