Desde el 14 de agosto, la mayoría de los centros penales del país se quedaron sin señal de televisión por el apagón analógico.

Ante eso, algunos reos se organizaron para juntar dinero y comprar sus propios convertidores para poder acceder a la señal digital.

Así lo confirmó Diana Posada, viceministra de Gestión Estratégica del Ministerio de Justicia y Paz, quien reconoció que esa cartera no cuenta con presupuesto para comprar esos aparatos.

La situación preocupa, puesto que hay espacios, como Máxima Seguridad, donde la única entretención y la única manera de mantenerse en contacto con el mundo exterior es el televisor.

“Los mismos privados, a través de comités y del comisariato (de cada centro penal), han podido comprar convertidores (...) Esa es la realidad en la que estamos ahorita”, indicó Posada.

De momento, la viceministra indicó que levantan una lista para conocer, en detalle, cuántos televisores requieren de esos aparatos para poder transmitir la señal digital. En eso trabajan ella, la Dirección de Adaptación Social, la Dirección Administrativa del Sistema Penitenciario y la Policía Penitenciaria.

“Una vez lo tengamos, haríamos una priorización y valoraríamos si podemos asumir esa inversión porque el presupuesto de Justicia está destinado a otras prioridades, que son atender y garantizar los derechos humanos de la población penal (...) Esperamos tenerlo hoy (viernes para los lectores) y hacer la priorización entre lunes y martes”.

Agregó: “La vida en un centro es bastante complicada. Cuentan con tiempo ocioso y a pesar de que algunos colaboran en trabajos en el centro, la idea es garantizarles un poco de entretención".

Sin dinero

Pese a que el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) aseguró que envió notas a las diferentes instituciones públicas para que tomaran en cuenta el apagón en el presupuesto del 2019, Justicia dijo que no tiene dinero para hacer frente a esta compra.

Alegan que hubo una importante reducción en sus ingresos: en el 2018, contaban con ¢144.000 millones, mientras que, para este año, ese número bajó a ¢135.000 millones.

“Recibimos un recorte importante y, claramente, las prioridades del ministerio van hacia garantizar los Derechos Humanos (...) Los privados tienen derecho al entretenimiento y por eso hemos intentado hacer los esfuerzos posibles para tomar decisiones".

En ese sentido, la viceministra apuntó que tuvieron acercamientos con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para conocer la posibilidad de generar convenio.

Sin embargo, según confirmó la oficina de prensa del IMAS, esa solicitud fue denegada, debido a que su enfoque de la entidad es ayudar a familias en condición de pobreza extrema, que fueron antes priorizadas.

“Es una opción que no valoramos ni que podamos valorar”, enfatizó el Instituto.

Siendo conscientes de esa situación, el Ministerio de Justicia insistió: “Vamos a echar mano de la creatividad de alguna otra institución que nos pueda colaborar y con la que podamos trabajar en conjunto. Pero, de momento, no tenemos conversación con ninguna otra institución”.

No obstante, pese a que ahora consigan el dinero, el Micitt apuntó que los convertidores están agotados en el país.

“Las personas empezaron a comprar los convertidores una vez que se acercó el apagón y los días posteriores y eso provocó que se acabaran. Hemos insistido en poner a disposición más, pero hay que importarlos y no es un proceso fácil”, concluyó el Micitt.