El Ministerio de Justicia y Paz teme que las 14 cárceles del país se queden sin los servicios de agua, luz y teléfono debido a un recorte de ¢5.087 millones en el Presupuesto para el 2015.
El anuncio lo hizo ayer la ministra, Cristina Ramírez Chavarría, quien pidió a los diputados rechazar la reducción aprobada por la Comisión de Asuntos Hacendarios. Ella solicita el aval del presupuesto tal y como lo mandó Justicia.
El legislador Ottón Solís Fallas, presidente de Hacendarios, dijo que analizará si se trata de algún cuando se aprobó el Presupuesto (en comisión), pero dijo que eso se corrige con facilidad.
“Cuando se calcule que la plata no alcanza, se hace una modificación en un presupuesto extraordinario o se hacen traslados horizontales. Se quita a un rubro para ponerlo a otro que ha quedado por alguna razón desfinanciado”, explicó el oficialista.
Solís consideró que el problema se presenta porque “algunos ministros reclaman por la rebaja porque lo que quieren es seguir gastando”.
Crisis penal. El sistema penitenciario enfrenta serios problemas de hacinamiento. Según datos del Ministerio de Justicia, hasta ayer estaban recluidos 14.142 reos en las 14 cárceles del país.
De la anterior cifra, 10.491 son sentenciados, 2.940 figuran como indiciados (están en prisión preventiva), 125 están como sentenciados e indiciados, 311 se encuentran presos por pensiones alimentarias y 275 pertenecen al programa penal juvenil.
La ministra Ramírez dijo que soportan una sobrepoblación de 4.000 detenidos y, de continuar los recortes en el presupuesto, la situación en las cárceles podría ser mucho más crítica.
“El recorte va en detrimento de la atención de las personas privadas de libertad. Nosotros no podemos, de ninguna manera, garantizar lo que nos ordenan los derechos humanos de dar bienestar y estadía digna a las personas en reclusión si no podemos siquiera darles los servicios básicos”, argumentó Ramírez.