Varios oficiales del Grupo de Apoyo Operacional (GAO) del Ministerio de Seguridad hicieron un decomiso “arbitrario” de un arma personal a un policía, quien estaba en su día libre, pese a que portaba todos los papeles en regla.
Así lo determinó la Sala Constitucional el pasado 20 de mayo, al resolver un recurso de amparo presentado por el ofendido Jason Serrano Cantillo, de 28 años, miembro de la Policía Municipal de San José.
En la queja, Serrano narró que, en marzo, los policías hicieron un operativo en Pavas de San José; se lo toparon a él en la calle, lo requisaron y “sin ningún motivo” le quitaron su pistola calibre 9 milímetros.
La Sala Constitucional pidió un informe al Ministerio, el cual alegó que el decomiso se dio como parte de las acciones para atender el fenómeno criminal en el sur de San José.
“Se le incauta por prevención debido al alto índice de homicidios ocurridos en la zona”, respondió la entidad.
Empero, los magistrados señalaron que esa no es una justificación suficiente.
“Nótese que personeros de la autoridad recurrida verificaron que el amparado portaba el arma con la documentación respectiva y determinaron que no tenía nada pendiente en el Archivo Policial, motivo por el cual el decomiso es del todo arbitrario”, reprochó la Sala.
Además, señaló que la acción de las autoridades “debe tener un mínimo de fundamentación cuando proceden al decomiso” del bien.
Lo ocurrido. Según el recurrente, los hechos se dieron el 26 de marzo, a eso de las 6 p. m., cerca de su vivienda, en Lomas del Río de Pavas.
Serrano relató que él salió de su casa para hacer unas compras en una pulpería. En el camino, se encontró con unos amigos y se quedó conversando con ellos en la calle.
Mientras estaba ahí, un grupo de oficiales de la GAO ingresó al barrio para hacer un operativo con el cual se pretende combatir la criminalidad en la zona.
Los policías requisaron a las personas que estaban en la vía pública, por lo que también se acercaron a Serrano para pedirle su identificación.
“Diay, yo colaboré, pero eso no importó. Me pegaron contra la pared para revisar si yo andaba algo ilícito”, recordó en una entrevista con La Nación.
Agregó que, antes de que lo inspeccionaran, él les comentó a los oficiales que portaba una pistola. “Lo hice con buena intención, para que no pensaran que iba a hacer algo violento. Les abrí el bolso y les dije que la sacaran. Después les entregué mi carné de portación de arma”, relató.
Los funcionarios fueron a la patrulla para corroborar que todo estuviera en orden. Minutos después, volvieron y le indicaron que, pese a que tenía los documentos vigentes y no registraba antecedentes criminales, debían decomisar su pistola, narró el afectado.
“Les dije: ‘¿Cómo me la van a quitar y más en este tipo de barrio?’” Me dijeron que así eran las cosas, que ellos hasta se las decomisan a sus colegas de Fuerza Pública cuando están en sus días libres. Me dijeron que tenían una nueva directriz que les permitía confiscar cualquier arma.
”Entonces me hicieron dos actas de decomiso: una para el carné y otra para la pistola. Supuestamente, la querían para hacer pruebas balísticas”, apuntó.
Un mes después, el Ministerio de Seguridad se la devolvió. “Me llamaron y me dijeron que fuera a retirarla, que ya le habían hecho todas las pruebas y que todo había salido bien”, narró.
El oficio. Sobre la circular a la que, según Serrano, hicieron referencia los policías, Seguridad comunicó que se trata de una disposición vigente desde enero del 2012 que cuenta con el aval de la Sala Constitucional.
En este oficio se define cómo se vigilarán las armas en las calles. Por ejemplo, se detalla que el Ministerio tomará las “medidas necesarias para satisfacer el interés general del país por medio de un adecuado control preventivo” en caso de que haya un incremento en los homicidios, tal como ha sucedido desde el año anterior, el cual cerró con 557 muertes. De enero a mayo de este año, se dieron 212 asesinatos.
Sin embargo, el documento no indica que se puede retirar un arma con los permisos al día.
Se intentó ahondar en los argumentos de Seguridad, pero la oficina de prensa se limitó a comunicar que se acatará la resolución de la Sala.
En el 2014, se estimaba que en el país hay más de 450.000 armas entre las legales e ilegales.