La rutina de 19 policías penitenciarios cambió por completo desde setiembre pasado. Su trabajo ya no es mantener la seguridad dentro de las cárceles sino que ahora vigilan a los reos sentenciados que gozan de libertad condicional.
Ese mes, la Policía Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Paz creó la Unidad de Seguimiento, para que se encargue de tareas de monitoreo de los reclusos reubicados, luego de una circular emitida por la ministra Cecilia Sánchez.
Dicho documento, emitido en agosto del 2015, propicia la redistribución de reclusos en cualquiera de los 12 centros de atención semiinstitucionales (CASI) que están en todo el país. Siguiendo instrucciones de ese oficio, 892 presos fueron reubicados, de setiembre a enero.
Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, explicó que los oficiales que ahora están fuera de las prisiones se encargan de verificar alertas anónimas o policiales de sospechas de que un beneficiado cometió algún delito. Aclaró que los policías no hacen patrullajes, sino que solo actúan ante avisos.
Si comprueban que la alerta es real, pasan un informe al comité técnico del CASI al que pertenece el favorecido, el cual decidirá si el sujeto debe regresar al régimen cerrado.
“Tenemos que ser objetivos. Esto se trata de que vamos a incidir en la situación de una persona que logró la libertad. No podemos hacer valoraciones subjetivas y generarle una afectación. Es de mucho cuidado, es un trabajo muy minucioso”, apuntó el director.
¿Cómo nació? La formación de la Unidad requirió reubicar policías penitenciarios, ya que, por falta de contenido presupuestario, no se puede contratar a más, detalló Bertozzi.
Pese a que en ocasiones anteriores el mismo jerarca policial ha señalado la falta de personal (actualmente hay 3.500 oficiales), ahora asegura que esta reorganización no afecta “en lo absoluto” la seguridad que se da en los centros penales.
También explicó que ahora se apuesta más a la tecnología para vigilar las prisiones.
“La seguridad no se está descuidando, es todo lo contrario. La hemos reforzado con otros elementos. La seguridad no es solo un tema de personas, es un concepto integral. Vamos comprando equipos que nos permiten detectar cosas en centros penales.
”El hecho de que tenga estos muchachos en la Unidad de Seguimiento no significa que ya se me desplomó la seguridad institucional. De ninguna manera”, insistió Bertozzi.
Actualmente, en la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela, tienen colocadas 86 cámaras en puntos estratégicos. Se prevé que para el próximo semestre se instalarán 170 más en los centros de atención institucional (CAI) San Sebastián, Buen Pastor y Gerardo Rodríguez.
¿Cómo funciona? La Unidad de Seguimiento consiste, precisamente, en seguir los pasos de los reos con beneficios.
Para hacerlo, los oficiales deben tener información (confidencial o policial) que indique que el favorecido está incurriendo en algún tipo de falta.
Wagner Gómez, coordinador de este grupo, comentó que, tanto para obtener datos de las acciones de los sentenciados, como para hacer los seguimientos, cuentan con la colaboración de otros cuerpos policiales, como la Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Agregó que los policías, además, revisan los medios de comunicación para obtener insumos.
Cuando ingresa una alerta indicando que el sujeto cometió un delito y fue detenido, los policías envían un informe para notificar al comité técnico del CASI al que pertenece.
Sin embargo, cuando la información señala que el beneficiado tiene problemas de drogas o de carácter, por ejemplo, los policías visitan la comunidad para verificar o descartar lo dicho.
“En caso de que sea cierto, el comité técnico podría ordenarle a la persona que asista a terapias, donde lo ayudarán. No es que por este tipo de situaciones lo vamos a devolver a la cárcel”, explicó Gómez.
¿Qué viene? Según Pablo Bertozzi, uno de los objetivos es facilitar más personal y equipo a esta nueva unidad.
En la actualidad, la mayoría de los CASI tienen dos policías con este perfil; solo los centros de Liberia, Nicoya, de La Mujer y San Agustín tienen un oficial.
“Lo más recomendable es tener dos efectivos por cada régimen semiinstitucional, pero, por el momento, seguiremos recibiendo ayuda por parte de los otros cuerpos policiales”, dijo.
En un futuro “muy cercano”, agregó, trasladarán a otros cinco agentes a este departamento.
Como algunos beneficiados viven lejos de su respectivo CASI, Bertozzi aseguró que esta unidad debe contar con más vehículos para que se puedan desplazar hasta zonas más alejadas.
“Esta es una policía de calle, que tiene una labor muy operativa. Por ejemplo, un oficial de Limón debe ir a verificar a un beneficiado de Talamanca, y otro de Liberia tiene que ir hasta La Cruz a hacer verificación. Nuestro trabajo implica movilidad, por eso la importancia del equipamiento”, justificó.
De hecho, recientemente la Policía Penitenciaria invirtió ¢150 millones en la compra de diez vehículos.