Al menos 14 amas de casa prestaron sus cuentas bancarias a privados de libertad para que estos cometieran fraudes informáticos desde el Centro de Atención Integral (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que capturó a 23 personas como sospechosas de actuar como "cuentas destino" dentro de las organizaciones lideradas por reclusos.
Las capturas se registraron este miércoles por la mañana en San José, Cartago, Alajuela, Heredia, Osa (Puntarenas), Pérez Zeledón, Pococí (Limón) y San Carlos.
Además de las amas de casa, fueron aprehendidos desempleados y madres solteras, manifestó la jefa de la Unidad de Fraudes Bancarios de la Policía Judicial, Karla Chinchilla.
"Se detuvo a 23 personas que figuran en denuncias, ya que prestaban sus cuentas para recibir dineros producto de fraudes informáticos (...). La mayoría son desempleados, amas de casa, madres solteras. Un 61%, amas de casa", precisó Chinchilla.
La funcionaria explicó que los reos contactaban a sujetos que se encuentran fuera de la cárcel, para que estos reclutaran a diferentes individuos en todo el país que prestaran sus cuentas bancarias para depositar los dineros estafados.
Posteriormente, los privados de libertad utilizaban los timos de llamada tripartita o falso funcionario bancario para obtener números de cuentas o claves personales de las víctimas y cometer el fraude.
En cuanto el dinero llegaba a la cuenta de las personas reclutadas, este era retirado de inmediato por un tercero y las ganancias repartidas según lo acordado previamente.
La llamada tripartita ocurre cuando una persona publica un anuncio sobre la venta de un producto o servicio, ella es contactada por un supuesto cliente (el reo) y este le indica que para realizar la transferencia deben tener un intermediario bancario. Cuando el presunto funcionario los contacta, pide datos personales de la cuenta y con ellos se procede al fraude.
En tanto, el segundo timo consiste en que un falso colaborador bancario llama a la víctima para decirle que necesita información personal para actualizar la cuenta y de esa forma convencen a los afectados de brindar los datos para cometer el delito.
Según Chinchilla, la investigación permitió determinar que en La Reforma operan varios grupos que cometen fraudes bancarios y son liderados dentro del mismo centro penitenciario, pero la cantidad exacta de organizaciones no fue detallada.
Ganancias
La Policía Judicial aseguró que cada persona que prestaba su cuenta a los privados de libertad obtenía ganancias de entre ¢50.000 y ¢100.000 por cada delito cometido, a pesar de que el monto defraudado era mucho mayor.
De acuerdo con Chinchilla, las denuncias registradas hasta ahora generaron un perjuicio económico de ¢20 millones, y de ese total a una sola persona le quitaron de su cuenta ¢11 millones.
"Se ha logrado determinar que ellos (los cuenta destino) siempre reciben algún tipo de comisión (...). Se realizaron las detenciones de todas estas personas que están facilitando sus cuentas, ya que ellos son los que finalmente reciben dinero producto del fraude.
"Independientemente de las motivaciones que los llevaron a recibir este dinero, van a ser procesados", afirmó la jefa de la Unidad de Fraudes Bancarios del OIJ.
Por mes, el OIJ recibe 100 denuncias por fraudes informáticos y fue en el 2016 cuando comenzó a darse un pico en este tipo de casos.
A pesar de que se han hecho en ocasiones anteriores detenciones esporádicas, este miércoles se agruparon varias causas para capturar a las 23 personas.
"Una persona de las detenidas este miércoles tienen hasta seis causas", dijo la jefa judicial.
Consejos
Chinchilla aseveró que los usuarios deben tener en cuenta que por teléfono ninguna entidad bancaria o pública les pedirá información referente a las cuentas, ya que esa gestión se realiza en persona.
La funcionaria también hizo un llamado a la población para que no presten sus cuentas para este tipo de delitos, ya que se convierten en partícipes del delito de fraude informático.
Insistencia en bloqueo de señal celular
Ante este tipo de operación, Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, insistió en la necesidad de contar con un mecanismo en las cárceles para inhibir la señal celular.
"Recurrimos a la presentación de un proyecto de ley, hace más o menos un año, con la finalidad de que se hiciera una reforma a la Ley de Telecomunicaciones y desde ahí imponer la obligación a las operadoras de telefonía celular, para que desde el punto de vista de responsabilidad social, sean obligadas a bloquear la señal celular en los centros penales", explicó Bertozzi.
El funcionario insistió en que esa medida aportará de manera significativa en un tema de seguridad ciudadana, limitando la posibilidad de que los privados de libertad sigan infringiendo las leyes desde la cárcel.
"Insistimos en la necesidad del bloqueo de la señal celular (...), los diputados deben darle la importancia que merece el proyecto. La seguridad ciudadana merece toda la atención", expresó Bertozzi.
Datos de Justicia revelan que en el 2017 hubo 3.159 decomisos de celulares en los centros penitenciarios de todo el país.
Con los celulares, algunos reos siguen cometiendo diferentes ilícitos. Por ejemplo, entre enero del 2014 y enero del 2016, nueve crímenes fueron ordenados desde las distintas prisiones del país.
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Información actualizada a las 5:42 p. m. con más datos del OIJ y la posición de la Policía Penitenciaria.