La mañana de este martes y con base en una orden girada por el Juzgado Agrario Ambiental y la Fiscalía Adjunta Ambiental, la Fuerza Pública realizó el desalojo de unas 67 personas, entre ellas niños y adultos mayores, que permanecían en los asentamientos La Bendición 1 y La Bendición 2, en Pavas, San José.
Se trata de grupos familiares que desde hace casi ocho años tomaron esos terrenos de la Junta de Protección Social (JPS), en ese distrito josefino, entre las cercanías del aeropuerto Tobías Bolaños y el Cementerio Metropolitano.
En el primer censo del sitio se detectaron 137 familias, con unas 645 personas, a las que desde el mes pasado se les notificó del desalojo para que recogieran sus bienes y abandonaran el sitio, sin embargo, más de 67 personas no acataron la orden y sus ranchos fueron demolidos este martes.
En la acción policial participaron unos 120 policías del Ministerio de Seguridad y se contó con el sobrevuelo de un helicóptero, para asegurar que no hubiesen incidentes violentos. También hubo oficiales de la Policía Municipal, acompañados por representantes de la Fiscalía, el municipio, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia, Acueductos y Alcantarillados, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y otros.
De acuerdo con Marcelo Solano, director de la Policía Municipal, se extendió el plazo lo más posible para dar tiempo a las familias, y la mayoría salieron por su propia cuenta. Añadió que este martes el municipio puso camiones a disposición de las personas desalojadas, para ayudarles en su traslado de bienes. Todo transcurrió sin incidentes de violencia.
Para las labores de erradicación de los ranchos, así como la desconexión de tomas ilegales de corriente eléctrica y de agua se utilizaron vagonetas, retroexcavadoras, camiones y otra maquinaria. Algunos de los afectados estaban a la espera de apoyo gubernamental en un toldo instalado en el sitio, pues no tienen dónde ir.
El Ministerio de Seguridad Pública informó de que fue necesario disponer de 120 oficiales, por tratarse de una zona riesgosa y para velar por la integridad de decenas de funcionarios gubernamentales de las diversas entidades encargadas de la limpieza del sitio y de la atención de las familias. La mayoría seguían en el sitio esta tarde.