El Poder Judicial inició desde enero del 2011 un proceso para despersonalizar unas 40.000 sentencias, de todas las materias, que son de acceso público.
El plan es para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Protección de las Personas Frente al Tratamiento de sus Datos Personales.
Sin embargo, la Corte Plena todavía no ha aprobado los parámetros que se utilizarán para eliminar los nombres de las partes en esos fallos. Para este proceso, contrataron una empresa mediante una licitación pública.
En principio, la ley prohíbe a cualquier empresa o institución pública aprovisionar “datos de carácter personal que revelen el origen racial o étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, espirituales o filosóficas, así como los relativos a la salud, la vida y la orientación sexual”.
Sin embargo, los distintos despachos judiciales aplican la despersonalización por la libre y bajo criterios propios.
Carlos Chinchilla, presidente de la Comisión de Protección de Datos del Poder Judicial señaló que ya tienen listo un borrador del reglamento que regulará esa situación.
Por otra parte, el presidente de la Sala Tercera, añadió que, en su opinión, solo deben quitarse nombres a los fallos que contengan datos “sensibles”. Por ejemplo, si aparece el nombre del actor y se dice que es portador del VIH, entonces, debería borrarse para evitar una discriminación.
“Mi concepto personal es que un fallo o resolución de acceso público va a ser sometido a una despersonalización cuando haya un dato personal asociado a un dato sensible y que pueda excluir o discriminar a una persona”, expresó Chinchilla.
Precisamente, el juez expresó que no toda sentencia debería despersonalizarse, ya que hay dos derechos en juego: la protección de datos y acceso a la información. “El ciudadano tiene derecho de que cierta información suya sea protegida, pero la sociedad también tiene derecho a informarse. Ambos no son excluyentes”, manifestó.
Nathalie Artavia, directora de la Agencia de Protección de Datos (Prodhab), explicó que para el proceso de inscripción de entes públicos y privados, ya están colgados en su sitio ‘web’(www.mjp.go.cr) los formularios; así mismo, hay instructivos para que los ciudadanos que sientan vulnerados sus derechos conozcan cómo reclamar.
Según dijo, el Registro Nacional y la Contraloría General de la República tienen muy avanzados los procesos de inscripción.