El cierre de siete muelles ilegales en Portete de Limón originó el reclamo de un grupo de pescadores artesanales, quienes aseguran que descargaban y vendían sus productos allí.
Dichos atracaderos fueron allanados el martes por encontrarse en territorio marítimo-terrestre, y fueron puestos en posesión del Servicio Nacional de Guardacostas. Por el caso hay cinco imputados.
Este viernes, 20 pescadores se reunieron con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Pesca (Incopesca), Gustavo Meneses, en Puntarenas, para pedirle alternativas.
Luego del encuentro, Meneses indicó a La Nación que unas 100 familias dijeron estar afectadas por el cierre de muelles.
Entre los quejosos, hay propietarios de nueve embarcaciones medianas y de 97 pequeñas.
Incopesca tiene la obligación de revisar todo el producto que traen a tierra los navegantes.
Meneses aclaró que, aunque tenían conocimiento de que los muelles eran ilegales, no intervinieron porque su competencia se limita a verificar la calidad del producto.
Según el gerente de Administración Portuaria de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), José Aponte, Incopesca pidió que se autorice a los afectados descargar en puerto Limón.
El permiso se concedió con la condición de que los marineros cumplan con los requerimientos de seguridad y operación. La medida sería mientras se construye un muelle adecuado.
Las primeras embarcaciones podrían usar el puerto de Limón desde la tarde de ayer.
Carencia. Luego del allanamiento en los muelles, se difundió una foto donde se ve a la presidenta ejecutiva de Japdeva, Ann McKinley, reunida con uno de los imputados por la construcción ilegal.
Mc Kinley explicó que desconocía que los muelles eran ilegales y dijo que en la reunión rindió cuentas sobre el Proyecto de la Terminal Pesquera, que busca dar un espacio de descarga a los pescadores. Tal construcción fue diseñada, mas nunca se ejecutó.